La Fiscalía ha presentado una solicitud de pena de cárcel para el exdiputado del PSOE, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como 'Tito Berni', por su presunta implicación en dos delitos graves: falsedad en documento oficial y delito contra la seguridad social. Este movimiento legal se enmarca dentro de un contexto más amplio de investigación judicial que busca esclarecer una trama que involucra la obtención irregular de beneficios a través de medios ilícitos.

Según los detalles revelados por el Ministerio Público, Fuentes Curbelo habría participado en un elaborado plan para obtener fraudulentamente un permiso de residencia en España para un tercero. Esta maniobra habría implicado la creación y presentación de un contrato de trabajo ficticio, diseñado específicamente para cumplir con los requisitos legales que permitieran la concesión de dicho permiso.

El caso, que ha sido desglosado como una pieza separada del ya conocido 'caso Mediador', arroja luz sobre prácticas presuntamente fraudulentas que han comprometido la integridad del sistema legal y administrativo. Esta nueva revelación ha generado un amplio interés público y ha avivado el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y vigilancia para prevenir y detectar este tipo de actividades delictivas.

El escrito de acusación, al que ha tenido acceso el medio de comunicación Vozpópuli, detalla los pasos seguidos por Fuentes Curbelo y otros implicados en la trama. Se afirma que el exdiputado del PSOE contactó con su hijo, Domingo Fuentes Gutiérrez, para que elaborara un contrato ficticio que cumpliera con los requisitos exigidos por las autoridades. Una vez creado el documento, este fue entregado a una tercera persona, María Jesús Rodríguez de Ver, para su presentación ante las autoridades competentes.

El fiscal sostiene que, como resultado de este engaño, se logró la concesión del permiso de residencia para el individuo implicado en el plan. Además, se habría obtenido de manera indebida una prestación económica del Servicio Público de Empleo Estatal, lo que agrava aún más la gravedad de los delitos imputados.

Este caso ha despertado preocupación en diversos sectores de la sociedad, ya que pone de manifiesto la vulnerabilidad de los sistemas de control y la necesidad de implementar medidas más rigurosas para prevenir el abuso y la manipulación. La petición de pena de cárcel por parte de la Fiscalía refleja el compromiso de las autoridades en la lucha contra la corrupción y el fraude, así como su determinación para asegurar la integridad y la transparencia en todos los ámbitos de la vida pública.