El Partido Popular ha solicitado ante el Juzgado Central de Instrucción Número 5 la identificación de los empleados que trabajaban en la recepción de la sede del PSOE en la calle Ferraz el día en que, presuntamente, se entregaron 90.000 euros en efectivo. La querella, que se basa en dos testimonios anónimos recogidos por el medio The Objective, acusa al PSOE de financiación ilegal, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y cohecho.

Esta acción judicial del PP surge en medio de un creciente escándalo que involucra a altos cargos del PSOE y a empresarios como Víctor de Aldama, así como a Koldo García, exasesor del exministro socialista José Luis Ábalos. El supuesto pago en efectivo estaría relacionado con la obtención de una licencia administrativa para una empresa de hidrocarburos, lo que, según el PP, es un indicio grave que justifica una investigación exhaustiva.

Fundamentos de la querella

La querella presentada por el PP se fundamenta en la información revelada el pasado 10 de octubre por The Objective. En dicha publicación, se afirmaba que un empresario entregó 90.000 euros en la sede del PSOE a cambio de favores administrativos. Esta acusación se ha convertido en un punto clave en la estrategia del PP para atacar al Gobierno de Pedro Sánchez, que ha visto cómo su administración se ha visto envuelta en diversos escándalos de corrupción.

Cuca Gamarra, secretaria general del PP, ha señalado que estos hechos se suman a una larga lista de casos que salpican al Gobierno de Sánchez, incluyendo el controvertido "caso Delcy", el papel de Ábalos en varios escándalos, y las investigaciones en torno a la esposa del presidente, Begoña Gómez. En declaraciones recientes, Gamarra ha insistido en que la acumulación de casos de corrupción bajo el mandato de Sánchez es insostenible y ha exigido su dimisión.

Conexión con el "caso Koldo" y la ampliación de la investigación

El PP también ha solicitado que se amplíen las investigaciones al "caso Koldo", una trama que ya está siendo investigada por el juez Ismael Moreno en el Juzgado Central de Instrucción Número 2. Esta trama involucra presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos durante la pandemia, y los populares consideran que existen vínculos directos entre este caso y la entrega de dinero en Ferraz.

Además, el PP ha planteado la posibilidad de que José Luis Ábalos, quien en su momento fue ministro de Transportes y está aforado, esté implicado directamente en estos hechos. Esto podría obligar a elevar la causa al Tribunal Supremo, lo que añadiría más presión sobre el Gobierno.

La reacción del PSOE y el papel de Feijóo

Ante la ofensiva judicial del PP, el PSOE no ha tardado en responder. Esther Peña, portavoz socialista, ha amenazado con llevar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a los tribunales por supuestas irregularidades durante su etapa en la Xunta de Galicia. Este cruce de acusaciones ha intensificado la guerra política entre ambos partidos, que ya se encontraba en un punto álgido debido a las acusaciones de corrupción que pesan sobre el Gobierno de Sánchez.

Por su parte, Feijóo ha mantenido su postura crítica hacia el Ejecutivo, señalando que la corrupción ha penetrado en lo más profundo de las instituciones bajo el mandato de Sánchez. Feijóo ha defendido la querella presentada por su partido como una acción necesaria para esclarecer la verdad y ha insistido en que el PSOE debe rendir cuentas ante la Justicia.

Abascal celebra la acción del PP

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha celebrado que el PP haya decidido sumarse a las acciones judiciales contra el Gobierno, aunque ha lanzado una crítica velada al señalar que "más vale tarde que nunca". Abascal ha sido uno de los políticos más duros con Sánchez en los últimos meses, acusándolo de encabezar un gobierno "corrupto y traidor", y ha reiterado su apoyo a todas las iniciativas legales que busquen destapar lo que considera una red de corrupción en el seno del Ejecutivo.

Con la petición de identificación de los recepcionistas en la sede del PSOE, el PP busca poner en marcha una investigación que podría desentrañar nuevas aristas de la presunta trama de corrupción que rodea al partido socialista. Mientras tanto, la batalla política y judicial en España sigue intensificándose, con ambos lados del espectro político preparando sus estrategias para lo que parece ser una larga y compleja confrontación legal.

Este nuevo capítulo de la política española añade más tensión a un panorama ya convulso, en el que las acusaciones de corrupción amenazan con desestabilizar aún más al Gobierno de Pedro Sánchez. Con los tribunales cada vez más involucrados en la lucha política, el desenlace de estas querellas tendrá un impacto significativo en el futuro inmediato del país.