Begoña Gómez, esposa del actual presidente del Gobierno, ha sido objeto de escrutinio público debido a su supuesto rol como directora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) de la Universidad Complutense de Madrid. Según investigaciones realizadas por The Objective, la documentación oficial indica que Gómez no ostenta el cargo de directora, sino más bien el de codirectora.

El reglamento que rige la creación de cátedras extraordinarias en la mencionada universidad especifica claramente los criterios para la designación de la dirección. Sin embargo, la designación de Gómez como directora parece no ajustarse a dichos criterios, ya que, según el convenio firmado con las empresas patrocinadoras de la cátedra, la universidad optó por el nombramiento de codirectores, y no de un único director como se presenta públicamente.

La discrepancia entre el título de "directora" y su verdadera función como "codirectora" ha generado debate en diversos ámbitos. Fuentes internas de la Universidad Complutense señalan que Gómez ha hecho énfasis en su supuesto rol de directora en eventos públicos y en la página web de la cátedra, lo que ha causado confusión sobre su posición real.

La situación se complica aún más con el descubrimiento de que la marca asociada a la cátedra fue registrada por Begoña Gómez antes de que esta estuviera plenamente operativa y de que ella asumiera su rol como codirectora. Este hecho, revelado por The Objective, arroja dudas sobre la transparencia en la gestión de la cátedra.

Además, se ha revelado que la cátedra ha sido respaldada por el patrocinio de diversas empresas, tanto estatales como privadas, aunque algunas de ellas han negado su participación. La presencia de Gómez como codirectora ha sido aprovechada para promover el máster asociado a la cátedra, el cual ha recibido apoyo de varios ministerios del Gobierno.

Por último, la conexión de Begoña Gómez con la cátedra ha generado preocupaciones adicionales debido a la reciente creación de una empresa personal por parte de la misma, dedicada al asesoramiento en sostenibilidad. Esta acción ha sido seguida de cerca por las autoridades judiciales, quienes han iniciado diligencias previas por posibles delitos de corrupción y tráfico de influencias.