La Mesa del Congreso, con la marcada influencia de los votos del PSOE y Sumar, ha decidido rechazar este martes la solicitud presentada por el Partido Popular (PP) para que el órgano de gobierno de la Cámara solicitara informes al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Consejo Fiscal respecto a la propuesta de ley de amnistía, un acuerdo pactado entre el PSOE y los sectores separatistas catalanes.

Los representantes del Partido Popular en la Mesa argumentaron fervientemente la pertinencia de que el máximo órgano de jueces y fiscales emitiera su opinión sobre la legalidad y constitucionalidad de esta normativa, la cual tiene como objetivo amnistiar a aquellos encausados por su participación en el proceso independentista catalán, una cuestión que, según los populares, plantea serias dudas de conformidad con la Carta Magna.

El trasfondo de esta petición radica en la búsqueda de una salvaguarda constitucional ante la propuesta de ley, que los populares denuncian como inconstitucional y que, según ellos, socavaría los principios fundamentales del Estado de derecho.  La Mesa del Congreso, sin embargo, arguyó que la obligación de solicitar informes de órganos consultivos se aplica únicamente en el caso de proyectos de ley, no a proposiciones de ley como la que el PSOE ha decidido tramitar, esquivando así la evaluación de estas instituciones.

El Gobierno y sus bloqueos. Este revés legislativo no es un hecho aislado, ya que tanto el PP como Vox habían expresado su solicitud a la Mesa para que se requirieran estos informes.

No obstante, la maniobra del letrado mayor del Congreso, Fernando Galindo, designado por la socialista Francina Armengol, complicó la situación al señalar que, al no ser informes preceptivos, la responsabilidad de decidir si pedirlos o no recaía en el órgano de gobierno de la Cámara. Esta decisión, dada la mayoría del PSOE y Sumar en la Mesa, hacía prácticamente imposible que la propuesta del Partido Popular fuera votada favorablemente. Cabe destacar que una parte significativa de los vocales del CGPJ ya se ha manifestado en contra de la ley de amnistía propuesta.

Con una votación de nueve a favor, cinco en contra, uno en blanco y una ausencia, el máximo órgano de gobierno de los jueces aprobó una declaración institucional en la que afirmaba que ningún acuerdo parlamentario puede invalidar las sentencias de los tribunales, denunciando que la propuesta de amnistía supondría la abolición del Estado de derecho. La Mesa del Congreso, ante la intensidad de la situación, ha elevado a la Junta de Portavoces el recurso presentado por el Partido Popular contra la calificación de la ley de amnistía.

La Junta, sin embargo, no tiene previsto reunirse hasta la próxima semana, posponiendo así la toma de una decisión definitiva sobre este recurso.

No obstante, los indicios actuales sugieren que la petición del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo enfrenta un camino cuesta arriba, ya que tanto en la Mesa como en la Junta son mayoría los partidarios de que la proposición de ley continúe su tramitación legislativa. Si finalmente la Mesa del Congreso rechaza de manera definitiva el recurso de reconsideración presentado por el PP, esta formación política tendría vía libre para recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional, convirtiendo así esta disputa legislativa en un enfrentamiento jurídico de gran relevancia constitucional.

En este contexto, la tensión y la polarización política se incrementan, al tiempo que se intensifica el debate sobre la legalidad y la viabilidad de una ley que, según sus críticos, amenaza los fundamentos del sistema judicial y constitucional.