Pese a la oposición de la Fiscalía, el juez considera que el silencio de Sánchez puede generar «inferencias» relevantes para el proceso.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se encuentra en el ojo del huracán judicial tras su controvertida comparecencia en La Moncloa el pasado 30 de junio. Citado en calidad de testigo por el juez Juan Carlos Peinado, el líder socialista se acogió a su derecho a no declarar contra su esposa, Begoña Gómez, quien está siendo investigada por presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias. A pesar de la resistencia de la Fiscalía, el magistrado ha decidido que las partes en el proceso podrán acceder al vídeo de dicha declaración, una decisión que promete ser un punto de inflexión en este mediático caso.

En una providencia a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid argumenta que la grabación de la declaración de Sánchez es relevante para el proceso judicial. Según Peinado, aunque el presidente se acogió a su derecho a no declarar en contra de su cónyuge, su silencio podría ser objeto de interpretaciones procesales que podrían «dar lugar a la formación de inferencias». Es decir, el juez considera que de ese silencio se pueden extraer «conclusiones» que podrían impactar en la valoración de la posible culpabilidad o inocencia de alguno de los investigados.

Un silencio que habla

El artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) permite a cualquier ciudadano, en calidad de testigo, acogerse a la dispensa de declarar cuando el imputado es su cónyuge. Pedro Sánchez hizo uso de este precepto para evitar comprometer a su esposa, Begoña Gómez. Sin embargo, la abogada de Vox, Marta Castro, ha señalado que, aunque Sánchez tenía derecho a guardar silencio en lo relativo a su esposa, no estaba obligado a hacerlo en relación con los otros dos acusados en la misma causa: Joaquín Goyache, rector de la Universidad Complutense, y Juan Carlos Barrabés, un empresario cercano al entorno del presidente.

La decisión de Peinado de permitir el acceso al vídeo ha generado un fuerte rechazo por parte de la Fiscalía. El Ministerio Público había solicitado que se vetara la entrega de la grabación a las acusaciones y defensas bajo el argumento de que carecía de «utilidad material o procesal». No obstante, el juez ha rechazado esta petición, subrayando que la Fiscalía no presentó ningún precepto legal que respaldara su posición. Esta respuesta de Peinado ha sido vista por algunos sectores como una señal de independencia en el manejo de un caso de alto perfil político.

¿Qué implica esta decisión?

La determinación del juez de permitir que la declaración de Pedro Sánchez sea accesible para todas las partes podría tener profundas implicaciones en el desarrollo del caso. En su providencia, Peinado destacó que las inferencias derivadas del silencio del presidente pueden conducir a «conclusiones de carácter objetivo», las cuales son cruciales para determinar si hay indicios suficientes para inculpar o exculpar a alguno de los investigados. En otras palabras, el juez cree que el comportamiento de Sánchez durante su comparecencia, incluso su decisión de no declarar, puede aportar elementos clave para el caso.

Además, Peinado hace hincapié en que, aunque el silencio del presidente es legítimo, no está exento de interpretación. Esto abre la puerta a que las partes analicen no solo lo que Sánchez no dijo, sino también cómo decidió no decirlo. El lenguaje corporal, las expresiones faciales y otros elementos no verbales presentes en la grabación podrían ser objeto de un minucioso examen, algo que podría influir significativamente en la percepción de su testimonio.

El impacto político

Este desarrollo judicial no solo tiene repercusiones legales, sino también políticas. El hecho de que el presidente del Gobierno se vea involucrado, aunque sea indirectamente, en un caso de presunta corrupción, genera un daño reputacional que podría ser difícil de reparar. La oposición, liderada por el Partido Popular y Vox, ya ha comenzado a utilizar este caso como munición para cuestionar la integridad del Gobierno y la honestidad de Pedro Sánchez.

En un clima político ya polarizado, este caso añade más leña al fuego. La decisión de Peinado de desafiar la solicitud de la Fiscalía podría ser interpretada por los adversarios de Sánchez como una prueba de que hay algo más en juego que una simple declaración de un testigo. Por su parte, el PSOE ha optado por no hacer declaraciones oficiales sobre la providencia, aunque fuentes cercanas al partido sugieren que se considera una maniobra judicial que busca desgastar al presidente.

La estrategia de la defensa

Mientras tanto, la defensa de Begoña Gómez ha mantenido un perfil bajo, confiando en que el silencio de su esposo será suficiente para protegerla de una posible inculpación. Sin embargo, la posibilidad de que las acusaciones y defensas revisen la grabación de la declaración de Sánchez añade una nueva variable a la ecuación. Si bien el silencio del presidente está protegido legalmente, su impacto procesal y mediático es algo que la defensa deberá gestionar con cautela.

Por otro lado, los abogados de los otros dos investigados, Goyache y Barrabés, podrían utilizar el acceso al vídeo para intentar desvincular a sus clientes de Begoña Gómez, argumentando que el silencio de Sánchez no puede ni debe interpretarse como un acto de encubrimiento de actividades ilícitas ajenas a su esposa.