Carles Puigdemont, expresidente catalán y actualmente fugitivo de la justicia española, junto con el eurodiputado de Junts Toni Comín, han interpuesto una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. Los políticos independentistas acusan al magistrado de incurrir en un "retraso injustificado y reiterado en la tramitación y resolución" de los recursos presentados en relación con la aplicación de la Ley de Amnistía.

La denuncia, presentada por el abogado Gonzalo Boye, solicita que el CGPJ investigue este retraso, argumentando que Llarena ha incurrido en una infracción disciplinaria según lo estipulado por la Ley Orgánica del Poder Judicial. En su escrito, Boye señala que el juez ha "excedido con creces el plazo previsto" por la normativa vigente para la resolución de los recursos.

El letrado subraya que "la inobservancia de los tiempos legalmente establecidos durante el ejercicio de las funciones o competencias judiciales tiene su respuesta disciplinaria en las faltas muy grave, grave y leve". La denuncia se centra específicamente en la decisión del juez Llarena de declarar inaplicable la amnistía al delito de malversación imputado a Puigdemont y Comín. Además, la Fiscalía, la Abogacía del Estado, y la defensa de otros implicados, como la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y el exconsejero Lluís Puig, también han recurrido esta decisión.

El abogado de Puigdemont y Comín asegura que los denunciantes han enviado "dos recordatorios de la pendencia de dichos recursos de reforma" al magistrado. Según Boye, "no cabe duda alguna de que el magistrado ha tenido un conocimiento singularizado de las particulares circunstancias del asunto, habiéndosele dado cuenta específica de su retraso hasta dos veces, a pesar de lo cual ha continuado sin despacharlo".

En su escrito, Boye también hace referencia al hecho de que, a pesar de la demora en la resolución de los recursos, Llarena dejó "sin efecto su licencia de vacaciones con el anhelo notorio de supervisar la captura" de Puigdemont. Esta acción, según el abogado, "indica que no existe razón justificada de ninguna clase para no resolver dentro del plazo legal".