La investigación judicial en curso contra González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por presuntos delitos de fraude tributario y falsedad documental, experimentó un avance significativo este lunes. El empresario fue citado a comparecer ante la jueza del juzgado de instrucción número 19 de Madrid. Su comparecencia se produjo en el contexto de imputaciones adicionales contra el fiscal del caso y la jefa de la Fiscalía Provincial, acusados de supuestamente divulgar información confidencial relacionada con la causa.

El Debate informó que la jueza decidió suspender la declaración de González Amador, que estaba programada para las 10:00 horas de ese día, tras solo 10 minutos de su inicio. La suspensión se debió a la imposibilidad de localizar a otros investigados que también debían comparecer para cumplir con el trámite procesal. Entre las partes presentes en este procedimiento se encontraban la magistrada, la Abogacía del Estado, la Fiscalía y las acusaciones populares representadas por PSOE, Más Madrid y un miembro del sindicato CCOO.

La Fiscalía acusa a González Amador de defraudar 350.951,41 euros en el impuesto de sociedades correspondiente a los ejercicios 2020 y 2021. Para esclarecer los detalles del caso, el juzgado ha solicitado la declaración de otras personas, incluyendo al empresario mexicano Maximiliano Niederer, quien podría haber participado en la presunta falsificación de facturas para reducir la carga fiscal de las empresas vinculadas a la pareja de Díaz Ayuso. Si estos citados no pueden ser localizados, la jueza podría emitir órdenes de búsqueda y captura.

El 6 de mayo, la magistrada María Inmaculada Iglesias rechazó la solicitud de medidas de refuerzo presentada por el abogado de González Amador para proteger sus derechos de defensa y evitar nuevas filtraciones de información confidencial. Esta decisión se tomó después de que los correos electrónicos entre el fiscal Julián Salto y el abogado de González Amador, relacionados con una negociación fallida de un pacto de conformidad, fueran divulgados por diversos medios de comunicación y la propia Fiscalía Provincial de Madrid.

A raíz de estos hechos, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha iniciado diligencias preliminares contra la fiscal Isabel Rodríguez y el instructor Julián Salto, investigados por un posible delito de revelación de secretos. Los indicios también apuntan a la implicación de Álvaro García Ortiz, el máximo responsable del escalafón en la Fiscalía.