Los fiscales han respaldado la postura del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para amnistiar el delito de malversación en el procés. García Ortiz ha delegado la elaboración de los informes solicitados por el Tribunal Supremo a su adjunta, María Ángeles Sánchez Conde, y a Joaquín Sánchez-Covisa. La Fiscalía aboga por el perdón del delito de malversación durante el procés, argumentando que no hubo "enriquecimiento personal de carácter patrimonial".

La Junta de Fiscales de Sala aprobó la tesis de García Ortiz por una estrecha mayoría en una reunión no vinculante celebrada este martes. Esta aprobación representa un apoyo significativo para el fiscal general del Estado, especialmente tras la negativa de algunos subordinados a exculpar a los independentistas catalanes. Estos fiscales solicitaron ser relevados del caso.

La reunión de la Junta de Fiscales de Sala, realizada en un clima tenso y con opiniones divididas, culminó con una votación de 19 votos a favor y 17 en contra, con una abstención del fiscal Antonio Vercher. Entre los potenciales beneficiarios de esta amnistía se encuentran Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Marta Rovira. La sesión, que duró más de cinco horas con un receso incluido, contó con la asistencia de 34 de los 38 fiscales de sala, dos de los cuales participaron telemáticamente y otros dos se ausentaron por razones médicas.

La reunión comenzó alrededor de las 9:30 de la mañana con intervenciones de fiscales opuestos a la amnistía por malversación. Para defender su postura, García Ortiz reemplazó a estos fiscales por Sánchez Conde y Sánchez-Covisa, ambos cercanos a sus ideas. Tras un receso al mediodía, la sesión se reanudó con un turno de palabra en orden inverso a su nombramiento, dejando a los miembros más antiguos para el final. Según fuentes consultadas, se realizaron una veintena de intervenciones, algunas muy críticas con la posición de García Ortiz. El fiscal general fue el último en intervenir, reiterando su postura favorable a la amnistía por malversación. Sin embargo, la decisión final recaerá en los jueces del Supremo.

En una reunión previa el 30 de mayo, los fiscales del juicio del procés ya habían expresado su oposición a perdonar la malversación. El artículo 2 de la ley de amnistía excluye varios supuestos de aplicación, entre ellos "los actos tipificados como delitos que afectaran a los intereses financieros de la UE". Esto implica que la malversación de fondos públicos es amnistiable siempre que no haya habido ánimo de lucro. La ajustada victoria en la reunión de este martes es un apoyo crucial para García Ortiz, quien enfrenta cuestionamientos tras un recurso contra su nombramiento y una causa contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

La semana pasada, con la entrada en vigor de la ley de amnistía, la Sala Segunda del Supremo y el juez Pablo Llarena pidieron a la Fiscalía que se pronunciase sobre la aplicación de la norma. García Ortiz ordenó a Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno elaborar un informe favorable a la amnistía por delitos financieros porque "no hubo ánimo de lucro". Todos se negaron, calificando la postura como "improcedente y contraria a las leyes", y solicitaron apartarse del caso si García Ortiz mantenía ese criterio.

El fiscal general les pidió el martes que elaborasen un "informe procesal" específico. El viernes, García Ortiz defendió en un decreto la aplicación de la amnistía a la malversación atribuida a Puigdemont y otros líderes del procés, argumentando que "procede declarar amnistiadas la totalidad de las conductas" y levantar las medidas cautelares vigentes. Sus subordinados respondieron rápidamente, reiterando su oposición.

Los fiscales disidentes solicitaron a García Ortiz activar el mecanismo legal para resolver discrepancias, conforme al artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF). García Ortiz ya había anticipado este desenlace y advirtió a los fiscales de sala sobre la posible necesidad de una junta, como finalmente ocurrió.

La Fiscalía, como órgano jerárquico, requiere que todos sus representantes sigan las directrices de su superior. El artículo 27 del EOMF prevé un mecanismo para resolver discrepancias. Según este precepto, el fiscal que reciba una orden que considere contraria a las leyes debe informarlo a su superior con un informe razonado. Si las razones son insatisfactorias, se plantea la cuestión a la Junta de Fiscales, cuya decisión no es vinculante. La decisión final corresponde al fiscal general.

Para reemplazar a los cuatro fiscales que se negaron a perdonar los delitos de malversación, García Ortiz emitió un decreto motivado conforme al artículo 25 del EOMF. María Ángeles Sánchez Conde, la teniente fiscal del Supremo, fue designada, habiendo sido previamente elegida cuando la Junta de Fiscales del Supremo rechazó un informe que exoneraba a Puigdemont del delito de terrorismo en el caso Tsunami.