La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha enviado una carta a Úrsula von der Leyen, alertando sobre el señalamiento que está sufriendo el magistrado Juan Carlos Peinado. En la misiva dirigida a la presidenta de la Comisión Europea, la APM denuncia los "ataques personales" al juez Peinado como consecuencia de la instrucción del caso que involucra a Begoña Gómez, esposa del Presidente del Gobierno.

La APM, la asociación mayoritaria de magistrados en España, ha destacado que el juez Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, ha sido objeto de críticas intensas desde que admitió a trámite la querella presentada por el sindicato Manos Limpias contra Gómez por presuntas irregularidades en su actividad profesional.

En su comunicación, la APM ha expresado su preocupación por los "ataques injustificados" y las "críticas furibundas" que ha recibido el juez Peinado. Confían en que el nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) defienda la independencia de los jueces y proteja a Peinado del descrédito. "Siempre hemos entendido que las resoluciones judiciales están sujetas a crítica, que la libertad de expresión es necesaria y enriquece el debate de la ciudadanía y su formación en valores democráticos; sin embargo, lo que está sucediendo en las últimas semanas excede de lo asumible en una democracia plena, donde debe existir un respeto a la independencia judicial y a las actuaciones de los jueces, debiendo evitarse por parte del Ejecutivo y del Legislativo socavar la confianza de los ciudadanos en el Poder Judicial", lamentan los miembros de la APM en su carta.

La Comisión Europea, en su informe sobre el estado de derecho en España, divulgado la semana pasada, recogió consideraciones similares a las expresadas por la APM. La asociación resalta que el ordenamiento jurídico español dispone de mecanismos adecuados para cuestionar decisiones judiciales mediante los recursos pertinentes, pero condena enérgicamente los ataques personales al juez, que incluso han afectado a su familia. "Lo que no cabe ni puede admitirse, en modo alguno, es el ataque personal al juez instructor, -incluso a su familia-, las acusaciones veladas de prevaricación o el intento de darle instrucciones sobre qué decisiones debe adoptar en el procedimiento, indicando que procede el archivo o que 'aquí no hay nada de nada'," denuncian desde la APM.