Destacados exministros y altos cargos de los partidos políticos PSOE y PP se han unido en una firme muestra de desacuerdo al firmar un contundente manifiesto en oposición a la propuesta de amnistía y a los acuerdos de investidura promovidos por el actual presidente Pedro Sánchez. Más de 170 exministros y exmiembros del parlamento han expresado su preocupación por lo que consideran una "fractura de principios básicos del Estado de derecho".

Este importante grupo de signatarios está compuesto por dieciocho exministros, la mayoría de los cuales provienen de las filas del Partido Popular (PP) y la Unión de Centro Democrático (UCD). Sin embargo, también incluye destacados socialistas como José Luis Corcuera, Javier Sáenz de Cosculluela y el expresidente del Senado, Javier Rojo.

En su manifiesto, los firmantes enfatizan que es un "deber moral" oponerse a lo que consideran una "flagrante e inaceptable violación del principio constitucional de igualdad de todos los españoles ante la ley" al buscar la impunidad para graves delitos cometidos. Además, expresan su preocupación por la erosión del principio de separación de poderes a través del concepto de 'lawfare', el menoscabo del Congreso y la creación de privilegios económicos que, a su juicio, socavan la solidaridad territorial y aumentan las desigualdades.

Los firmantes también denuncian la debilitación de las Cortes Generales al establecer que los acuerdos deben "responder a las demandas mayoritarias" de los Parlamentos de las Comunidades Autónomas de Cataluña y el País Vasco, lo que consideran una modificación constitucional profunda.

En cuanto a los aspectos económicos, expresan su preocupación por los "privilegios de índole económica y financiera" propuestos, así como la amenaza de romper con la caja única de la Seguridad Social y el "relato" sobre lo sucedido en Cataluña que consideran falso y perjudicial.

En conclusión, los exministros y exparlamentarios destacan que la democracia constitucional enfrenta desafíos y peligros significativos y hacen un llamado a la defensa de la Constitución, el Estado de Derecho, la igualdad ante la ley y la división de poderes para superar la actual situación incierta en España. Su mensaje es claro: la lealtad al imperio de la ley y el respeto por los acuerdos que han guiado a España durante las últimas décadas son esenciales para superar estos desafíos