Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, se encuentra actualmente en una situación judicial sin precedentes desde que asumió el cargo en 2018 tras una moción de censura. Diversos procedimientos judiciales afectan tanto a su equipo en Moncloa como a su entorno más cercano, creando un escenario complejo y difícil de manejar. La Justicia, por primera vez en seis años, juega un papel determinante en el devenir político del líder socialista, quien ha intentado mantener el control de diversas instituciones clave durante su mandato.

Desde su llegada al poder, Sánchez ha designado a personas afines a su partido en puestos clave dentro de importantes instituciones del país. Entre estas instituciones se encuentran el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), dirigido por José Félix Tezanos, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía General del Estado, el Tribunal de Cuentas, el Consejo de Estado, Renfe, RTVE, Efe, Hispasat y Correos. Incluso algunas embajadas españolas, como las situadas ante la OCDE, la ONU y la Unesco, están bajo la dirección de personas cercanas a Sánchez, según publica Vozpópuli.

Sin embargo, a pesar de estos nombramientos estratégicos, Sánchez no puede controlar todos los aspectos del escenario judicial actual. La Justicia sigue avanzando en una serie de investigaciones que pueden comprometer significativamente su mandato. Entre estas investigaciones, destaca la imputación de Begoña Gómez, esposa del presidente, por delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, relacionados con las cartas de apoyo al empresario Carlos Barrabés. Según el juez Juan Carlos Peinado, del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, estas cartas han resultado en adjudicaciones millonarias para Barrabés.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) también ha sido crítico con varias leyes promovidas por el gobierno de Sánchez, como la ley de amnistía y la ley del 'sí es sí'. La reelección del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, está en peligro, ya que el Tribunal Supremo evalúa si su nombramiento fue apropiado. La Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) ha interpuesto un recurso contra este nombramiento, argumentando que García Ortiz tiene una "línea progubernamental".

Además, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) investiga una presunta revelación de secretos relacionada con la filtración de datos sobre Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Esta causa podría involucrar al fiscal general del Estado si se demuestra su implicación en la publicación de información confidencial. El caso involucra la publicación de una nota informativa con datos sobre correos electrónicos intercambiados entre el abogado de González Amador y el fiscal que investigaba un fraude fiscal. La declaración de los próximos testigos será crucial y podría escalar el caso hasta el Tribunal Supremo, lo que pondría en una situación aún más delicada a García Ortiz.

Otro caso que afecta al gobierno de Sánchez es el denominado 'Caso Koldo', que investiga adjudicaciones irregulares a la empresa Soluciones de Gestión. Este caso ha puesto en aprietos a varios miembros del Ejecutivo y ha generado una crisis dentro del PSOE. El avance de las diligencias no solo salpica al anterior equipo del Ministerio de Transportes, sino que el magistrado Ismael Moreno estudia ya la petición de la Fiscalía Anticorrupción de imputar a Jesús Manuel Gómez, actual número 3 del departamento que dirige el ministro Óscar Puente. Otros departamentos del gobierno de Sánchez, como Interior y Sanidad, también están bajo escrutinio, publica Vozpópulo.

Precisamente del 'Caso Koldo' se desprendieron los contratos de las mascarillas en Canarias y Baleares, presididas entonces por el actual ministro Víctor Ángel Torres y por la ahora presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. La Fiscalía Europea pone en el foco la compra de material sanitario por estos dos gobiernos autonómicos del PSOE, ya que estos contratos se financiaron con fondos europeos. Los delitos bajo investigación incluyen malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias. Si Torres y Armengol caen, Sánchez sufriría un golpe significativo, ya que ambos son de su estricta confianza.

Aunque el caso Pegasus fue inicialmente impulsado por Moncloa tras detectarse una intromisión en el móvil de Pedro Sánchez, la reapertura de esta causa en la Audiencia Nacional podría dar un giro de 180 grados con la nueva documentación aportada por Francia. El magistrado instructor había archivado las diligencias por la falta de colaboración de Israel, pero la nueva evidencia podría arrojar luz sobre los hechos. En su auto de archivo, el juez indicó a los servicios jurídicos del Gobierno que, agotada la vía penal, podrían impulsar la vía diplomática con Tel Aviv para llegar a la empresa que comercializa este sistema operativo. No obstante, el gobierno de Sánchez no siguió esa línea, y los ministros afectados por la infección rehusaron declarar en persona en las diligencias pese a ser los denunciantes.

Las diligencias en el Tribunal Supremo contra Carles Puigdemont, líder de Junts, son especialmente relevantes para Sánchez, dado que Puigdemont se ha convertido en un socio clave de su Ejecutivo. El Gobierno eliminó la sedición del Código Penal y modificó el delito de malversación a petición de sus socios independentistas. La aprobación de la ley de amnistía podría dejar sin efecto causas como la que se sigue en el Supremo. No obstante, falta ver cuál será la respuesta de los magistrados a esta ley, especialmente si su pronunciamiento es contrario a las expectativas de Moncloa.

Otro punto caliente en la Fiscalía es el informe que redacten los fiscales del procés sobre la medida de gracia. Estos fiscales están decididos a informar en contra de la ley, particularmente en lo que respecta a la malversación, y defenderán su criterio hasta las últimas consecuencias. De chocar con la línea que quiere imponer el fiscal general, se abriría un nuevo cisma que tendría repercusiones políticas importantes.

Finalmente, también escapa al control del presidente del Gobierno lo que resuelva la Justicia Europea sobre la amnistía. El planteamiento de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) forzaría un pronunciamiento sobre cómo la amnistía se ajusta al derecho comunitario, con especial énfasis en delitos graves como el terrorismo y la malversación.

La serie de frentes judiciales abiertos contra Pedro Sánchez y su entorno representan un desafío sin precedentes para su liderazgo y estabilidad en el Gobierno. Las resoluciones de estos casos podrían definir el futuro político del presidente y del PSOE en los próximos meses.