La expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, ha declarado ante el juez encargado de investigar el denominado "caso Koldo", confirmando las visitas de Víctor de Aldama, un comisionista vinculado a la trama, al Ministerio de Transportes durante los años de la pandemia. Según su testimonio, De Aldama, asistía frecuentemente a las instalaciones del ministerio, y Pardo de Vera afirmó haberlo visto en varias ocasiones en los pasillos del edificio.

Fuentes jurídicas que asistieron a la declaración han señalado que Pardo de Vera no implicó directamente al entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en los hechos. Sin embargo, sí mencionó que durante la pandemia se recibieron instrucciones para agilizar la compra de mascarillas debido a la urgencia sanitaria.

Este lunes estaban llamados a declarar varios testigos clave, entre ellos, Pardo de Vera; el director de Recursos Humanos de Adif, Martín José Navarro Vicent, y el director financiero y de control, Manuel Fresno Castro. Este último fue citado a petición de la acusación particular, ejercida por la asociación Liberum, con el fin de esclarecer la solvencia de la empresa involucrada en la trama, Soluciones de Gestión, y su papel en la gestión del contrato.

Adif fue uno de los dos organismos dependientes del Ministerio de Transportes que firmó contratos con Soluciones de Gestión para la adquisición de mascarillas. El 27 de marzo de 2020, se adjudicó un contrato de 12,5 millones de euros, en línea con la actuación de Puertos del Estado, que fue el primero en contratar con la empresa.

Durante su testimonio, Pardo de Vera defendió la operación, alegando que existía una gran urgencia por adquirir el material sanitario. Afirmó haber recibido presiones para formalizar el contrato y aseguró que fue Puertos del Estado quien le facilitó el contacto con la empresa vinculada al caso Koldo. Asimismo, cuestionó la auditoría presentada recientemente por el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, que sugiere la responsabilidad de Ábalos en estas contrataciones.

Según las fuentes consultadas, la expresidenta de Adif no sostuvo la versión que había dado previamente en sede policial tras el estallido de la trama. Anteriormente, había declarado que la Dirección General de Personas de Adif, dirigida por el investigado Michaux Miranda, fue la encargada de cerrar la adjudicación del contrato y de realizar todas las verificaciones necesarias. Además, reiteró que no recibió órdenes explícitas para adjudicar el contrato a Soluciones de Gestión, pero sí admitió haber sentido "presión" por parte del Ministerio de Transportes para que la adjudicación se realizara con rapidez.

Estas declaraciones se enmarcan dentro de la serie de comparecencias acordadas por el juez Ismael Moreno, quien ha desestimado, por el momento, la solicitud de imputar a José Luis Ábalos. El juez ha indicado que aún queda información pendiente de análisis, incluyendo un informe de la UCO sobre los efectos incautados durante los registros. Asimismo, el magistrado ha denegado la petición de Ábalos de personarse como perjudicado en el caso, tras la auditoría presentada por Puente. El juez también rechazó, de momento, la citación de Puente como testigo, aunque dejó abierta la posibilidad de considerar dicha diligencia en el futuro.