El Grupo Popular en el Congreso de los Diputados ha presentado una proposición no de ley (PNL) para ser discutida en el Pleno, en la que se afirma que el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos "existió" y solicita una "condena" por parte de la Cámara Baja a las "acciones políticas" que lo "facilitaron".

La PNL, según el texto consultado por Europa Press, se enfoca en la "condena del fraude millonario de dinero público producido en la Junta de Andalucía entre 2000 y 2009". Esta proposición surge tras las sentencias del Tribunal Constitucional (TC) que, entre junio y julio pasados, estimaron parcialmente los recursos de amparo presentados por una decena de ex altos cargos de la administración socialista en la Junta, incluyendo a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

En concreto, el PP busca que el Congreso de los Diputados repruebe "las acciones y decisiones políticas que facilitaron y favorecieron el uso fraudulento de millones de euros públicos". Estos fondos se manejaron a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y, posteriormente, la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) durante el periodo 2000-2009, sin los controles administrativos adecuados.

La justificación de la iniciativa del PP hace referencia a una sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla del 19 de noviembre de 2019, que condenó a varios miembros del gobierno andaluz por el caso de los ERE. Esta sentencia fue confirmada en septiembre de 2022 por el Tribunal Supremo (TS) después de ser recurrida en casación. Según la PNL, las sentencias "acreditan la existencia de un sistema de pagos de ayudas sociolaborales desprovisto de cualquier tipo de control".

El PP señala que las sentencias confirmaron que la gestión de cientos de millones de euros públicos se realizó a través de mecanismos sin procedimiento administrativo, permitiendo la inclusión de beneficiarios no correspondientes y el uso de fondos para fines ajenos a las ayudas sociolaborales. Además, el sistema se institucionalizó para superar los obstáculos que los controles internos de la administración advertían, mediante modificaciones presupuestarias y la ocultación de estas ayudas.

El Tribunal Constitucional realizó una revisión de la jurisdicción ordinaria, que ha sido calificada de inédita, al estimar parcialmente varios recursos de amparo. El PP subraya que las sentencias del TC no cuestionan los hechos probados ni la existencia del sistema sin control. En lugar de ello, las sentencias sostienen que el mecanismo utilizado para habilitar el sistema no puede ser castigado penalmente debido a su aval parlamentario posterior.

Desde el Grupo Popular se argumenta que "resulta preocupante que se instale una falsa percepción en la opinión pública de que estos gravísimos hechos de corrupción jamás tuvieron lugar", y destacan la necesidad de reproche público, político, moral y ético frente a un modo de actuación que marcaría la gestión pública en Andalucía durante años.