El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha optado por mantenerse al margen en lo que respecta a la discusión sobre el cupo catalán, un tema que ha generado divisiones internas dentro del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Sánchez, quien recientemente regresó de una gira por África, ha decidido no participar en la inauguración del curso político del partido, una tarea que dejó en manos de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero. En su lugar, el presidente viajó a Andorra para asistir a una competición de ciclismo, coincidiendo con un clima político tenso en España.

María Jesús Montero fue la encargada de defender el cupo catalán en Andalucía, donde argumentó la necesidad de equilibrar "lo común con lo particular de cada territorio", en referencia a la "vocación de autogobierno" de Cataluña. Este acuerdo, que permitió la investidura de Salvador Illa con el apoyo del Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), ha suscitado críticas dentro y fuera del partido, especialmente entre los barones socialistas.

Mientras tanto, Sánchez ha evitado pronunciarse públicamente sobre el pacto entre el PSC y ERC, que incluye condiciones específicas para el cupo catalán. Esta situación ha dejado a Montero como la principal figura del Gobierno para enfrentar las preguntas y críticas, tanto de la oposición como de miembros de su propio partido.

Sánchez tiene previsto viajar a París esta semana para apoyar al equipo Paralímpico español, lo que implica que no se espera que haga declaraciones sobre el cupo catalán en los próximos días. Además, su agenda internacional incluye una visita a China del 7 al 12 de septiembre, donde se reunirá con Xi Jinping y participará en el IX Foro España-China. Esta intensa agenda parece dejar poco espacio para abordar uno de los temas más delicados y divisivos desde su llegada a La Moncloa.

El peso de las críticas por el cupo catalán recae sobre Montero, quien deberá comparecer ante el Senado el próximo miércoles para explicar el acuerdo alcanzado con ERC. El Partido Popular (PP), que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara Alta, ha presionado para que el Gobierno explique públicamente los detalles de este pacto, que muchos consideran podría romper el principio de solidaridad territorial entre las comunidades autónomas.

Además, este tema ha provocado malestar entre algunos líderes autonómicos del PSOE, como Emiliano García-Page y Adrián Barbón, quienes han expresado su preocupación por cómo este acuerdo podría afectar la financiación de sus comunidades. A pesar de la presión, Sánchez ha decidido no intervenir directamente en el debate, al menos hasta que se celebre el Congreso Federal del PSOE, previsto para noviembre, un evento que ha sido adelantado un año.

Montero, que ya había asumido la responsabilidad de defender el acuerdo antes de que se cerrara, ha tenido que ajustar su discurso a medida que avanzaban las negociaciones. Inicialmente, la vicepresidenta afirmó que "nunca en ningún momento se ha planteado que el PSOE o el Gobierno comparta la cesión del 100% de los tributos ni a esta ni a ninguna otra comunidad autónoma". Sin embargo, tras la investidura de Illa, Montero modificó su postura, asegurando que "el PSOE avala y apoya en su totalidad el acuerdo suscrito por el PSC y ERC" y que "nos sentimos cómodos con este acuerdo y lo vamos a impulsar de forma progresiva, reflexiva y razonada con el resto de los grupos políticos".