La posibilidad de un conflicto bélico en Europa, en particular tras los recientes movimientos de Rusia en Ucrania, ha llevado a numerosos países a reevaluar sus estrategias de defensa y prepararse militarmente para cualquier eventualidad. En España, este debate se ha vuelto especialmente complejo, ya que el gobierno debe equilibrar su compromiso con la Unión Europea y la OTAN con las preocupaciones de una parte de la población y sus aliados políticos sobre el militarismo.

Si bien España ha aumentado su gasto militar en los últimos años y se ha dirigido hacia el objetivo del 2% del presupuesto nacional destinado a defensa, el país no ha abordado directamente la posibilidad de un conflicto armado como otros países europeos. Sin embargo, la Constitución Española es clara en cuanto al deber de los ciudadanos de defender el país en caso de necesidad, como se establece en su artículo 30.

Desde la abolición del servicio militar obligatorio en 2001, el ejército profesional español ha sido la principal fuerza de defensa del país, compuesta por unos 120.000 efectivos. Sin embargo, en situaciones de crisis o emergencia, la legislación contempla la incorporación de reservistas, que se dividen en tres categorías: los de especial disponibilidad, los voluntarios y los obligatorios.

Los reservistas voluntarios y los de especial disponibilidad son aquellos que han salido del ejército después de cumplir los 45 años o civiles que han solicitado unirse a las Fuerzas Armadas. En total, alrededor de 8.000 personas conforman este grupo. En caso de necesidad adicional, el gobierno puede solicitar al Congreso la autorización para convocar a los reservistas obligatorios, que son civiles sin experiencia militar previa y tienen entre 19 y 25 años.

El proceso de reclutamiento para los reservistas incluye una evaluación voluntaria de la salud, estado físico y preferencias en cuanto a destino militar. Posteriormente, se realizan exámenes médicos, psicológicos y físicos, y aquellos seleccionados reciben entrenamiento y se integran completamente en las Fuerzas Armadas como soldados.

Sin embargo, aquellos que no deseen participar en el servicio militar pueden acogerse a la objeción de conciencia, lo que les permite evitar el servicio en las Fuerzas Armadas o cualquier otra organización que requiera el uso de armas. Este derecho proporciona una alternativa para aquellos que se oponen al servicio militar por motivos éticos o religiosos.