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El Diario de Cantabria

Sánchez es el presidente con el récord histórico de decretos

Sánchez gobierna en base a decretazos en detrimento de las leyes

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. / Alejandro  M. Vélez
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. / Alejandro M. Vélez
Sánchez es el presidente con el récord histórico de decretos

En un minucioso análisis se pone de manifiesto un fenómeno sin precedentes en la historia democrática de España: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha superado un hito significativo al emitir más decretos que leyes durante su mandato. Esta tendencia, de acuerdo con el escrutinio realizado, marca una nueva realidad en la dinámica legislativa del país desde el advenimiento de la democracia en 1977.

Desde su acceso al poder en el verano de 2018, el Congreso de los Diputados ha enfrentado un desafío considerable, con apenas el 45% de las 267 iniciativas legislativas aprobadas mediante un debate ordinario, mientras que un contundente 54% se ha llevado a cabo por imposición del Ejecutivo a través de decretos. Este balance desigual pone de manifiesto una disminución sustancial en la efectividad del Congreso para deliberar y aprobar leyes de manera tradicional, indica The Objective.

No es coincidencia que los primeros paquetes de medidas del actual Gobierno de coalición se tramitaran mediante tres reales decretos, dos de los cuales fueron aprobados de manera ajustada tras pactos de última hora con Junts. El modus operandi de Sánchez, inicialmente justificado por la urgencia derivada de la pandemia, ha persistido en el tiempo, eludiendo el control y debate parlamentario de forma sistemática, incluso en situaciones que no requieren una excepcional y urgente necesidad, según lo establece la Constitución Española para los decretos leyes.

Decretos leyes. Al finalizar la XIV Legislatura, Pedro Sánchez se consagró como el presidente con el mayor número de decretos leyes aprobados desde el inicio de la democracia en 1977, alcanzando un total de 145 hasta marzo del año pasado, superando a líderes como Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo Sotelo, quienes dictaron 136 decretos en seis años y medio, pero aprobaron 324 leyes.

Este logro de Sánchez es aún más destacable al considerar el lapso de tiempo, ya que el actual inquilino de La Moncloa ha gobernado durante cinco años y medio, frente a los seis años y medio de Suárez y Calvo Sotelo. De esta manera, Sánchez ostenta un triple récord al ser el presidente que más decretos ha emitido, que tiene el mayor porcentaje sobre el total de iniciativas legislativas aprobadas, y que lo ha hecho en el menor tiempo.

Resulta irónico que durante su etapa como aspirante a La Moncloa, Sánchez criticara vehementemente a Mariano Rajoy por abusar de la fórmula legislativa de los decretos, menospreciando así el papel del Parlamento. En sus palabras de 2015, se comprometió a dar al Parlamento la centralidad que merece y limitar el recurso del decreto ley a circunstancias indicadas. Sin embargo, ocho años después, Sánchez no solo no ha limitado esta fórmula, sino que se ha convertido en el presidente que más la ha utilizado en toda la historia democrática.

Al comparar con otros líderes de la democracia española, se evidencia la singularidad de la gestión de Sánchez. Durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, se aprobaron 373 iniciativas legislativas, con un 28% de decretos, mientras que Aznar aprobó 466 iniciativas, con un 28% de decretos. Felipe González, por su parte, aprobó 693 iniciativas, con un mínimo 19% de decretos. En todos estos casos, el respeto al Parlamento y la voluntad de sacar adelante leyes discutidas en el Congreso prevalecieron.

En cinco años y medio de gobierno de Pedro Sánchez, se han promulgado mediante decretos normativas cruciales, como las ayudas por la pandemia, los estados de alarma o las ayudas por la invasión rusa a Ucrania y sus sucesivas prórrogas. A pesar de la importancia de estos temas, algunas voces dentro del propio PSOE han comenzado a cuestionar la falta de control en el uso de los decretos, no con el objetivo de aumentar la participación del Congreso, sino para garantizar la supervivencia parlamentaria.

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