La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se prepara para un nuevo periodo político marcado por su continuada oposición al Gobierno de Pedro Sánchez. En el inicio del nuevo curso, Ayuso retoma su estrategia de confrontación con el Ejecutivo central mientras sigue gestionando sus responsabilidades en la región.

Con motivo del quinto aniversario de Ayuso al frente del Partido Popular en Madrid, el contexto político para el Ejecutivo regional se caracteriza por una estabilidad notable en contraste con la situación en otras Comunidades Autónomas y el gobierno de coalición dirigido por Sánchez.

Un año después de obtener su mayoría absoluta en las elecciones del 28 de mayo, Ayuso y su equipo de nueve consejeros continúan siguiendo el plan estratégico establecido desde la Real Casa de Correos, la sede del Gobierno autonómico.

En paralelo a su gestión regional, Ayuso ha intensificado su papel de oposición al analizar y criticar las políticas del gabinete de Sánchez. Uno de los puntos de fricción es la ley de amnistía aprobada en el Congreso, frente a la cual Ayuso había anunciado su intención de presentar un recurso de inconstitucionalidad. El plazo para presentar dicho recurso vence con el inicio de septiembre. A pesar del impulso inicial para emprender acciones legales, se decidió esperar a la decisión del Tribunal Supremo, el cual no incluyó el delito de malversación en la amnistía.

En relación con la comisión de investigación aprobada en la Asamblea de Madrid, esta tiene como objetivo investigar posibles irregularidades en los tratos entre la Universidad Complutense de Madrid y su rector, Joaquín Goyache, con la cátedra de Begoña Gómez, esposa del presidente Sánchez. La comisión se constituirá a finales de octubre y se extenderá hasta febrero de 2025. Aún se desconoce si Begoña Gómez será convocada a declarar.

Otro tema relevante es la crisis migratoria en Madrid, que se ha intensificado durante el verano. En julio, el aeropuerto Adolfo Suárez recibió 228 menores no acompañados, una cifra cercana al récord de 274 menores que llegaron en enero. La Comunidad de Madrid ha asumido los gastos de manutención de estos menores, mientras que el Gobierno central solo ha asignado 1.6 millones de euros. El Ejecutivo de Ayuso podría superar los 50 millones de euros en gastos relacionados con la crisis migratoria. En septiembre, se prevé la apertura del centro de primera acogida en La Cantueña, Fuenlabrada, que albergará a cerca de cien menores, en medio de tensiones con el Ayuntamiento de Fuenlabrada, dirigido por el socialista Javier Ayala.

Finalmente, el desagravio fiscal ha sido otro punto de fricción, especialmente en relación con el pacto entre ERC y el Gobierno central para la independencia fiscal de Cataluña. Este acuerdo ha generado incertidumbre en otras autonomías respecto a su impacto. La consejera de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha solicitado explicaciones a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y ha pedido la convocatoria de un Consejo de Política Fiscal y Financiera para aclarar la situación.