El Tribunal de Cuentas ha planteado la posibilidad de llevar la ley de amnistía al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Este martes, la consejera encargada del supuesto desvío de fondos para el referéndum ilegal del 1-O, Elena Hernáez, ha emitido una providencia en la que solicita a las partes involucradas (acusaciones y defensas) que se pronuncien en un plazo de 10 días sobre la conveniencia de plantear una cuestión prejudicial ante el TJUE. Mientras tanto, Hernáez ha decidido suspender la sentencia por los gastos relacionados con la consulta de 2017 y la acción exterior del Govern durante el procés.

La consejera del Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento, Elena Hernáez, considera que varios preceptos de la amnistía podrían ser incompatibles con la interpretación del TJUE sobre determinadas normas de la UE. En la providencia, se mencionan específicamente los artículos 1, 2e, 8.3, 10 y 13.3 de la ley de amnistía. Estos artículos están relacionados con la lucha contra el fraude y cualquier actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la UE, el principio de cooperación leal, de igualdad y no discriminación, así como con la seguridad jurídica, la confianza legítima y el Estado de Derecho.

El Tribunal de Cuentas busca recuperar el dinero presuntamente desviado para financiar el procés. Sociedad Civil Catalana reclama la devolución de 5,3 millones de euros, mientras que la Fiscalía reduce la cifra a 3,1 millones, aunque inicialmente había solicitado 9,5 millones. Esta cantidad debería ser pagada de manera conjunta y solidaria por los 35 encausados, entre los que se encuentran el expresidente Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Artur Mas. Mas ya fue condenado en 2019 por el Tribunal de Cuentas a devolver a la Generalitat más de 4,9 millones de euros por la organización de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014, más de un millón de euros en concepto de intereses.

El Tribunal de Cuentas informó en una nota de prensa que su función es fiscalizadora y que solo puede juzgar la responsabilidad contable de los cargos públicos, sin tener jurisdicción penal. Este procedimiento se centra en la posible recuperación de los fondos desviados, no en juzgar delitos penales.

El Tribunal Supremo también está considerando la posibilidad de acudir al TJUE. El juez instructor del procés, Pablo Llarena, ha consultado a los fiscales del caso si la malversación atribuida a Puigdemont afecta a los intereses financieros de la UE y, por tanto, si quedaría excluida de la amnistía. En una providencia reciente, Llarena ha decidido mantener la orden nacional de detención contra Puigdemont, Antoni Comín, Lluis Puig y la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

En una vista celebrada el 17 de noviembre, ERC ya había solicitado la suspensión de la causa debido a la tramitación de la ley de amnistía, pero el órgano fiscalizador lo rechazó en enero por considerar que ese motivo era insuficiente para aplazar el procedimiento. Hernáez argumentó que en ese momento no se conocían los términos de la ley pendiente de aprobación, la cual fue aprobada definitivamente el 30 de enero en el Congreso.