El magistrado instructor de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha decidido abrir diligencias previas contra una fiscal por supuesta revelación de secretos en relación con el caso que involucra a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La denuncia fue admitida a trámite por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal el pasado 7 de mayo.

Además de esto, ha convocado a las partes interesadas como acusación particular y popular. La cita está programada para el 24 de mayo a las 12 horas, con el fin de ratificar las querellas presentadas por Alberto González Amador contra la fiscal jefe de Madrid, María Pilar Rodríguez Fernández, y el fiscal Julián Salto Torres, por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos por funcionario.

La presunta revelación de secretos está relacionada con la nota informativa difundida por la Fiscalía de Madrid sobre el intercambio de correos entre el abogado de la pareja de la presidenta regional madrileña y el fiscal, referentes a la investigación por un supuesto fraude fiscal. El magistrado también ha acordado validar los artículos de prensa presentados por las partes querellantes para verificar su autenticidad y ordena dirigir un oficio a los medios de comunicación que los hayan publicado.

En dicho oficio se solicita certificación sobre la realidad y autenticidad de las publicaciones, así como información sobre las personas que intervinieron en la decisión de hacer público el comunicado de prensa. Además, se pide la remisión de todas las comunicaciones mantenidas por el Ministerio Fiscal con el abogado de Alberto González Amador antes y después de la difusión del comunicado, según ha publicado The Objective.

El auto de admisión de la querella se produjo después de un informe contrario de la fiscal María de la O Silva, quien recomendaba su inadmisión por falta de relevancia penal. La Sala de lo Civil y Penal del TSJ estimó que era necesario investigar el alcance de los hechos relatados en la querella para determinar su relevancia penal. Los jueces discrepan con el Ministerio Público al considerar que los hechos descritos son atípicos y requieren una investigación adecuada.