Suecia ha dado un giro significativo en su política migratoria, ofreciendo 31.000 euros a los inmigrantes que opten por abandonar el país. Este cambio, impulsado por la coalición de derecha que gobierna Suecia, establece la mayor compensación económica de Europa para quienes decidan regresar a sus países de origen. El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, ha transformado las políticas de inmigración del país, modificando un enfoque que anteriormente era neutral y liberal. En el ámbito internacional, Suecia ingresó en marzo como el 32º miembro de la OTAN, tras la invasión rusa de Ucrania.

El cambio en la política de inmigración ha sido uno de los movimientos más destacados del gobierno sueco. La ministra de Migración, Malmer Stenergard, ha declarado que el país se propone ahora atraer a inmigrantes “altamente cualificados”. Además, afirmó en agosto que “Suecia ha dejado de ser un país de inmigración de asilo”, en referencia a la reducción de las solicitudes de residencia, que han alcanzado su nivel más bajo en los últimos 50 años.

El Partido Moderado, liderado por Kristersson, gobierna Suecia desde hace dos años en coalición con los Demócratas Cristianos y los Liberales, con el apoyo externo del partido Demócratas de Suecia, conocido por su postura en contra de la inmigración. Esta coalición ha logrado reducir la inmigración en un 15 %. A la par, la migración de suecos ha crecido un 60 %, lo que ha dejado un saldo neto negativo de 5.700 personas, la cifra más baja desde 1997.

Para consolidar este cambio, el gobierno ha adoptado una medida sin precedentes: otorgar hasta 31.000 euros a los inmigrantes que deseen regresar a sus países de origen, lo que representa un aumento de 30 veces respecto a las compensaciones anteriores. Este incentivo es más del doble que el ofrecido por Dinamarca, cuyo máximo es de 13.500 euros. Otros países europeos, como Noruega y el Reino Unido, ofrecen montos mucho menores, de 6.400 euros y 3.500 euros, respectivamente.

El gobierno sueco ha revertido drásticamente su enfoque de las últimas décadas. Hace cincuenta años, mientras países como Alemania implementaban pagos de repatriación, Suecia optó por acoger a inmigrantes y solicitantes de asilo. La política sueca llegó a su punto álgido en 2015, cuando el país acogió a más solicitantes de asilo per cápita que cualquier otro en Europa. Sin embargo, el panorama ha cambiado. Hoy, Suecia busca limitar la inmigración y promover la repatriación de quienes ya residen en el país.

Anteriormente, el sistema sueco de repatriación, establecido en 1984, limitaba las compensaciones a 900 euros por persona o 3.500 euros para una familia. Este plan, que no tuvo gran acogida, fue utilizado por un solo inmigrante el año pasado. Ahora, con la nueva ley y un incentivo mucho mayor, el gobierno espera que más personas opten por regresar a sus países de origen.