El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Pedro Rocha, ha visto frustrada su última maniobra para mantenerse en la lucha por la presidencia de la federación. El Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 2 de la Audiencia Nacional ha denegado la medida cautelar solicitada por Rocha, quien buscaba suspender su inhabilitación de dos años impuesta por el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD).

Esta decisión judicial supone un duro revés para Rocha, que había asumido la presidencia de la RFEF tras la inhabilitación de Luis Rubiales. Con la convocatoria de elecciones a la presidencia prevista para septiembre, Rocha se encontraba en una carrera contrarreloj para poder participar en el proceso electoral. Sin embargo, la negativa del juez deja como única opción un recurso urgente ante la Audiencia Nacional, aunque las posibilidades de éxito son inciertas y el tiempo juega en su contra.

El origen de la sanción y la estrategia fallida de Rocha

La inhabilitación de Pedro Rocha fue decidida el pasado 16 de julio por el TAD, que aceptó parcialmente la propuesta de la abogada del Estado Marina Adela Porta Serrano, encargada de la instrucción del caso. La sanción fue impuesta debido al despido del secretario general, Andreu Camps, una decisión que, según el TAD, Rocha no tenía autoridad para tomar de manera unilateral, dado que ocupaba el cargo de presidente de la Comisión Gestora de la RFEF y no de manera ejecutiva.

El órgano deportivo también imputó a Rocha otros dos cargos: la rescisión del contrato con el despacho de Tomás González Cueto y la personación en la causa penal relacionada con la Operación Brodie. Aunque estos cargos se saldaron con multas que suman unos 33.000 euros, la inhabilitación por el despido de Camps resultó ser la sanción más grave y determinante para su futuro en la RFEF.

La defensa de Pedro Rocha intentó argumentar ante el juez que una sentencia favorable posterior a la convocatoria de elecciones no tendría sentido, ya que se habría perdido la oportunidad de presentarse. Sin embargo, estos argumentos no han sido suficientes para convencer al Juzgado Central, que ha decidido mantener la inhabilitación mientras se resuelve el fondo del asunto.

Un futuro incierto para Rocha y la RFEF

Con la inhabilitación vigente y la negativa del juez, las posibilidades de que Pedro Rocha pueda competir en las próximas elecciones de la RFEF se desvanecen rápidamente. Si bien aún puede recurrir de urgencia ante la Audiencia Nacional, el tiempo apremia y las opciones parecen cada vez más limitadas.

El rechazo del tribunal a suspender cautelarmente la sanción refuerza la postura del TAD y deja a la RFEF en una situación de incertidumbre de cara a su futuro liderazgo. Las elecciones se presentan como un momento clave para definir el rumbo de la federación, especialmente tras los recientes escándalos y la inestabilidad en la cúpula directiva.

Mientras tanto, el escenario se complica aún más para Rocha, quien, pese a sus esfuerzos por mantenerse en la contienda, podría ver cómo su carrera en la RFEF llega a un abrupto final. La decisión del juez, además, sienta un precedente importante sobre el papel del TAD y la autoridad de la Comisión Gestora, aspectos que sin duda seguirán siendo objeto de debate en los próximos meses.

En conclusión, la negativa del Juzgado Central a suspender la inhabilitación de Pedro Rocha no solo cierra, salvo un giro inesperado, su capítulo en la RFEF, sino que también abre una nueva etapa de incertidumbre en la federación, a la espera de la elección de un nuevo presidente que pueda devolver la estabilidad a una institución marcada por la polémica.