Santiago Abascal ha confirmado este jueves la ruptura de Vox con el Partido Popular (PP) en varios gobiernos autonómicos, anunciando que su partido retirará su apoyo parlamentario en Castilla y León, Murcia, Aragón, Extremadura, Comunidad Valenciana y Baleares. "Es imposible pactar con el que no quiere hacerlo, con el que pretende imponernos unas políticas de fronteras abiertas", declaró Abascal, apuntando directamente a Alberto Núñez Feijóo como responsable de esta ruptura.

La decisión, tomada tras una reunión de tres horas con el Comité Ejecutivo Nacional de Vox en la sede de Bambú, ha sido una de las más significativas para el líder del partido. Abascal negó rotundamente las especulaciones sobre la ambición de Vox por los cargos, afirmando que sus principios están por encima de cualquier posición política. "No tenemos ningún apego a los sillones, sino a nuestros principios", declaró.

Feijóo bajo el fuego de Abascal

Por la mañana, Abascal ya había señalado a Feijóo como el principal culpable de la continuidad de Pedro Sánchez en el Gobierno y de la ruptura de los acuerdos autonómicos. Según Abascal, el dirigente del PP tomó la decisión de manera unilateral, sin considerar las posturas de Vox. "Hasta aquí hemos llegado", sentenció en sus redes sociales, subrayando que Vox había advertido que los ejecutivos se considerarían rotos si no se utilizaban todos los medios legales para evitar el reparto de menores extranjeros no acompañados (MENAS).

El presidente de Aragón, Jorge Azcón; el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón; y el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, fueron parte de los debates que precedieron a esta ruptura. Vox acusó a Feijóo de presionar a estos presidentes autonómicos para aceptar el reparto de 347 menores, una decisión que, según Vox, rompió los compromisos previamente establecidos.

Un futuro de oposición

En su comparecencia, Abascal reiteró que Feijóo obligó a sus presidentes autonómicos a pactar con Sánchez, a sabiendas de que esto contrariaba a su socio de gobierno en varias regiones. Vox, firme en su posición contra la inmigración ilegal y las medidas que suponen un efecto llamada, considera que la distribución de menores es un "gravísimo peligro" para la seguridad y una "vulneración del interés superior del menor". La formación aboga por un plan efectivo de repatriación para que estos menores puedan reunirse con sus familias en sus países de origen.

Con esta decisión, Vox pasa a la oposición en los mencionados gobiernos autonómicos, marcando un nuevo capítulo en la relación entre ambos partidos y dejando en el aire la estabilidad de estos ejecutivos.