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El Diario de Cantabria

Santander toma una decisión definitiva sobre las salas de juegos

El Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Santander confirman el cumplimiento de la normativa de juego, descartan medidas extraordinarias y acuerdan elaborar un mapa para evaluar futuros incumplimientos.

Santander toma una decisión definitiva sobre las salas de juegos

El Gobierno de Cantabria ha confirmado que el Ayuntamiento de Santander cumple con la Ley del Juego de Cantabria, la cual regula tanto el número de establecimientos de juego como las distancias mínimas entre ellos y los centros educativos. Según este informe, no se requiere la aplicación de medidas extraordinarias adicionales en la ciudad.

Este anuncio se produjo el lunes mediante una nota de prensa emitida después de la reunión entre la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, y la alcaldesa de Santander, Gema Igual. Ambas autoridades discutieron en detalle la situación de los locales de juego en el municipio, evaluando el cumplimiento de la normativa vigente y las posibles necesidades futuras.

La consejera Urrutia enfatizó que Santander cumple plenamente con la normativa vigente, tanto en términos del número de locales de juego como en las distancias establecidas por la ley autonómica. "Santander cumple con la Ley del Juego, tanto por el número de establecimientos como por la distancia entre ellos y con los establecimientos educativos que marca la ley, y quien diga lo contrario miente", declaró Urrutia, desmintiendo cualquier afirmación en contrario. Esta afirmación subraya el compromiso de la ciudad con el cumplimiento de las regulaciones diseñadas para proteger a los ciudadanos, especialmente a los colectivos más vulnerables, de los posibles efectos negativos del juego.

Además, Urrutia anunció que el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Santander han decidido elaborar un mapa detallado que mostrará la ubicación y las distancias de los establecimientos de juego en la ciudad. Este mapa servirá como una herramienta de monitoreo para evaluar la situación actual y determinar en el futuro la necesidad de aplicar la medida extraordinaria contemplada en el artículo 25 de la ley autonómica. Esta medida permite aumentar las distancias entre locales de juego si se excede la ratio de un establecimiento por cada 7.000 habitantes, garantizando así un control más estricto sobre la proliferación de estos establecimientos en zonas densamente pobladas.

Actualmente, según los datos proporcionados por el Gobierno cántabro, en Santander hay un total de 25 establecimientos de juego operando. De estos, dos locales tienen autorización pero han suspendido su actividad a petición de sus propietarios, manteniéndose cerrados al público. Esta suspensión voluntaria sugiere una disminución en la demanda o un cambio en las estrategias empresariales de estos locales, lo cual influye en la evaluación de la necesidad de medidas adicionales.

Dada esta situación, Urrutia consideró innecesario activar la medida extraordinaria de distancias en Santander y aseguró que el Gobierno nunca se ha planteado esta opción. También destacó que esta polémica no surgió ni del Ayuntamiento ni del Gobierno regional, sino que parece haber sido alimentada por otras fuentes. Cualquier revisión de las distancias debe estar sólidamente justificada y motivada por circunstancias específicas, subrayó Urrutia, lo que indica una postura firme en contra de aplicar restricciones sin fundamentos claros y detallados.

Entre las circunstancias que podrían justificar una revisión de las distancias se encuentra la superación de la ratio de establecimientos de juego por habitante. Aunque en Santander hay 27 autorizaciones, al menos dos locales (un salón de juego y un bingo) están cerrados al público y, según Urrutia, probablemente no reanudarán su actividad. Esto coloca a Santander por debajo de la ratio establecida, lo que disminuye la presión para aplicar medidas más restrictivas.

La consejera también mencionó que la tendencia en los últimos años ha sido la disminución del número de establecimientos de juego en la ciudad. Este descenso puede atribuirse a varios factores, incluyendo cambios en las políticas empresariales, la implementación de regulaciones más estrictas, y una mayor conciencia pública sobre los riesgos asociados al juego. Urrutia resaltó que esta tendencia refleja una evolución positiva en la gestión de los establecimientos de juego y una alineación con los objetivos de la ley autonómica.

Además, Urrutia mencionó la experiencia de otras comunidades autónomas y la jurisprudencia sobre el tema, que suele ser muy restrictiva respecto a la adopción de medidas que limiten la libertad empresarial. Citó una sentencia del Tribunal Supremo de 2022 que permite establecer distancias mínimas entre locales de juego, pero requiere que estas medidas estén detalladamente justificadas y no se basen en consideraciones generales de interés público. Esta sentencia subraya la necesidad de un enfoque equilibrado que considere tanto la protección de los ciudadanos como la libertad de empresa.

En este contexto, Urrutia recordó que el tribunal anuló un decreto de la Comunidad Valenciana que establecía una distancia mínima de 700 metros entre locales de juego debido a la falta de motivación adecuada. Este precedente legal destaca la importancia de una fundamentación sólida y detallada para cualquier medida que limite la actividad empresarial, asegurando que las restricciones sean necesarias, idóneas y proporcionales.

La consejera subrayó que cualquier limitación a la libertad de establecimiento debe estar justificada desde las perspectivas de necesidad, idoneidad y proporcionalidad. Este enfoque asegura que las medidas reguladoras sean efectivas y justas, protegiendo a los ciudadanos sin imponer restricciones innecesarias a las empresas.

Por su parte, la alcaldesa Gema Igual afirmó que "Santander cumple con la normativa y la va a seguir cumpliendo". Igual calificó de "estéril" e "interesada" la polémica generada la semana pasada por algunas formaciones políticas. Subrayó que se trata de un tema sensible para los ciudadanos y que puede ser objeto de demagogia, pero enfatizó que las medidas de seguridad y las distancias reglamentarias permiten conciliar el interés general con el desarrollo de una actividad empresarial que el Ayuntamiento no puede limitar más allá de lo que establece la ley.

Igual también destacó que el Ayuntamiento estará vigilante para garantizar que se cumpla la ley y se proteja a los colectivos vulnerables. Este compromiso refleja una prioridad por parte del Ayuntamiento de asegurar que la regulación del juego se maneje de manera responsable, equilibrando las necesidades empresariales con la protección de la comunidad.

La ley autonómica de 2022 en Cantabria establece una distancia mínima de 500 metros entre los establecimientos de juego y los centros educativos, así como entre los propios locales de juego. Esta regulación tiene como objetivo proteger a los jóvenes y otros colectivos vulnerables de la exposición excesiva a los locales de juego, asegurando un entorno más seguro y controlado.

Además, la alcaldesa Igual insistió en que el Consistorio continuará trabajando para monitorear y evaluar la situación de los locales de juego en Santander. "Es un tema sensible para los ciudadanos con el que se puede hacer mucha demagogia, pero hoy en día las medidas de seguridad y las distancias que estos establecimientos cumplen hacen convivir el interés general de los ciudadanos y el desarrollo de una actividad empresarial que el Ayuntamiento no tiene capacidad de limitar más allá de la Ley", explicó Igual.

Este enfoque del Ayuntamiento de Santander subraya la importancia de una gestión equilibrada que considere tanto los intereses de los ciudadanos como los derechos de las empresas. La colaboración entre el Gobierno regional y el Ayuntamiento para elaborar un mapa de situación y distancias de los establecimientos de juego refleja un compromiso con la transparencia y la gestión informada, permitiendo decisiones basadas en datos concretos y análisis detallados.

La polémica sobre los locales de juego en Santander parece haber sido alimentada por la percepción pública y las declaraciones de algunos grupos políticos, pero tanto el Gobierno regional como el Ayuntamiento han dejado claro que cualquier medida adicional debe estar basada en hechos y justificaciones claras. Este enfoque basado en evidencia asegura que las decisiones regulatorias sean justas, efectivas y proporcionales, protegiendo a los ciudadanos sin imponer cargas innecesarias a las empresas.

En resumen, Santander cumple con la Ley del Juego de Cantabria en términos de número y distancias de establecimientos de juego. No se consideran necesarias medidas extraordinarias adicionales, y se elaborará un mapa detallado para monitorear y evaluar la situación de los locales de juego en la ciudad. La tendencia actual es una disminución en el número de estos establecimientos, y cualquier revisión de las distancias debe estar sólidamente justificada. La colaboración entre el Gobierno regional y el Ayuntamiento refleja un compromiso con la transparencia, la protección de los ciudadanos y el respeto por la libertad empresarial.

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