En el marco del mes de agosto, entró en vigor la Ley de Inteligencia Artificial de la UE. Esta nueva ley clasifica los sistemas de IA según su nivel de riesgo para los derechos fundamentales, prohibiendo los sistemas considerados de "riesgo inaceptable" mientras establece estrictos requisitos, tales como la supervisión humana y la divulgación de datos de entrenamiento. Con este gran paso en la legislación de las nuevas tecnologías, el abogado venezolano Raif El Arigie Harbie respalda que “la tecnología avanza a pasos agigantados; por ello, nuestras leyes deben evolucionar igual de rápido para proteger los derechos de todos”.

 

Las implicaciones legales de las tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial y la robótica, representan un desafío significativo para los sistemas jurídicos contemporáneos. El experto ha planteado que el desarrollo de estas tecnologías exigirá una redefinición del alcance de la responsabilidad civil y la calificación del sujeto de derecho. Esto significa que el marco legal actual, centrado en actores humanos, deberá adaptarse para incluir entidades automatizadas e inteligentes, lo que suscita preguntas críticas sobre la atribución de responsabilidad y la protección de los derechos de las personas.

 

Los desafíos legales de la tecnología emergente según Raif El Arigie Harbie

Uno de los principales obstáculos que enfrentan los legisladores es la estructuración de una normativa vigente y útil que se mantenga al ritmo de la evolución tecnológica. La rapidez con la que emergen nuevas tecnologías puede dejar obsoletas las leyes y regulaciones actuales, creando vacíos legales que pueden ser explotados. Según el experto Raif El Arigie Harbie, es vital que los legisladores trabajen en conjunto con expertos en tecnología para crear un marco regulador flexible y adaptable que pueda responder a los cambios continuos en el panorama tecnológico.

 

 

Los abogados juegan un papel crucial en el proceso de adaptación de la legislación a estas nuevas realidades. Según Raif El Arigie Harbie, los juristas pueden favorecer este proceso a través de la academia, proponiendo normativas que se adapten a la realidad cambiante. Esto incluye la formación y educación continua sobre las implicaciones legales de las tecnologías emergentes, así como la sugerencia de reformas legislativas que promuevan un equilibrio entre la innovación y la protección de los derechos individuales.

 

Las medidas que pueden tomar los legisladores para garantizar la privacidad y protección de datos en el contexto digital son diversas. Es necesario crear un marco robusto que contemple la protección de la información personal de los usuarios, el establecimiento de estándares claros sobre el uso y almacenamiento de datos, y la obligatoriedad de obtener un consentimiento informado por parte de los usuarios. Raif El Arigie Harbie también subraya la importancia de las organizaciones internacionales en este proceso, dado que la estructura global a menudo actúa como un dominio en una pirámide que influye en la adopción y adaptación de las legislaciones a nivel mundial.

 

La sociedad civil, aunque juega un papel limitado en la adaptación de la legislación, sigue siendo una pieza importante en el proceso. El abogado venezolano argumenta que, aunque la sociedad civil carece de poder para influir directamente en las nuevas tecnologías, su organización y movilización pueden ejercer presión sobre los legisladores y las empresas tecnológicas para garantizar que sus derechos sean protegidos. Estas voces colectivas pueden ayudar a moldear políticas públicas que reflejen las preocupaciones y necesidades de la comunidad.

Es así como el abogado Raif El Arigie Harbie concluye que para fomentar la innovación tecnológica de manera segura y ética, los legisladores deben equilibrar la protección de los intereses de los grupos de poder y/o particulares con la promoción del bien común. Eso implica establecer regulaciones que promuevan la seguridad y la ética sin sofocar la invención.