El juicio, celebrado en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria, se resolvió con un acuerdo entre las partes, evitando la constitución de un tribunal del jurado. El acusado ha reconocido los hechos, y ha aceptado la pena de un año y medio de cárcel por cuatro delitos de revelación de secretos y seis meses de prisión por un delito de allanamiento de morada. Además, se le ha impuesto una multa de 4.320 euros y la prohibición de comunicarse o acercarse a las víctimas a menos de 500 metros durante un período de tres años y nueve meses.

El caso se remonta a agosto de 2022, cuando las cuatro mujeres alquilaron el piso del acusado a través de Airbnb. El hombre, aprovechando su acceso al inmueble, instaló cuatro cámaras ocultas en el baño y en un dormitorio, grabando escenas de las inquilinas en situaciones privadas. Según el relato de la Fiscalía, el acusado entró en el piso una madrugada, sin el conocimiento ni autorización de las inquilinas, y se escondió en una habitación que no formaba parte del contrato de alquiler. Su objetivo era recoger las cámaras que había instalado previamente, pero fue descubierto por las mujeres, quienes inmediatamente lo denunciaron.

Tras su arresto, el acusado entregó a los agentes la clave de desbloqueo de su móvil, donde se hallaron los vídeos almacenados. Estos hechos constituyeron las pruebas principales del caso. El hombre no tenía antecedentes penales, y antes del juicio consignó 3.000 euros para resarcir a las víctimas por el daño moral causado, lo que, junto con su confesión, le permitió beneficiarse de las atenuantes de confesión y reparación del daño.

Además de la pena de prisión y las multas, el condenado deberá abonar 3.000 euros en costas judiciales, incluidas las de la acusación particular. La sentencia ha sido declarada firme tras el compromiso de todas las partes de no recurrirla, lo que pone fin al proceso judicial de manera definitiva.

Este caso ha levantado interrogantes sobre si la condena impuesta es suficiente para castigar la gravedad de los hechos, que implicaron una violación flagrante de la privacidad de las víctimas. Las cámaras ocultas instaladas en un espacio tan íntimo como un baño y un dormitorio, junto con el allanamiento del domicilio sin autorización, han despertado el debate sobre las penas aplicadas en casos de delitos contra la intimidad.

La pregunta queda en el aire: ¿Es esta condena de dos años de prisión adecuada para un delito que ha generado un impacto emocional tan profundo en las víctimas? Mientras tanto, la sentencia pone fin al caso judicial, pero deja abierta la reflexión sobre la protección de la privacidad en una sociedad cada vez más vulnerada por la tecnología y el mal uso de los dispositivos de vigilancia.