La medida cautelar, que inicialmente se había fijado en seis meses, ahora se extiende hasta el próximo período de revisión, como han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press.

Un crimen familiar trágico

Los trágicos hechos se produjeron en la tarde-noche del 7 de febrero, cuando el cuerpo sin vida de una mujer, de 48 años, fue hallado en el garaje de su vivienda familiar, ubicada en la calle Monte Cerredo de Castro Urdiales. La mujer, amordazada y con signos evidentes de violencia, fue encontrada en el asiento trasero de su coche, con varias heridas por arma blanca.

Los hijos menores, de 15 y 13 años, se encontraban en paradero desconocido tras el descubrimiento del cadáver. Fue solo de madrugada, cuando ambos fueron localizados en el parque Cotolino de la localidad y posteriormente detenidos como principales sospechosos del asesinato de su madre, quien trabajaba como celadora en el Hospital de Cruces de Baracaldo (Vizcaya).

La simulación de un secuestro

La investigación reveló que el asesinato se produjo tras una riña familiar. Los menores, que fueron adoptados y procedían de Europa del Este, asesinaron a su madre con varias puñaladas y luego intentaron simular un secuestro para encubrir el crimen. Para llevar a cabo esta coartada, los menores llamaron a su abuela.

El cuerpo de la víctima fue hallado cubierto parcialmente por bolsas de basura en el coche, con múltiples heridas en el cuello y otras partes del cuerpo. El padre de los niños, quien estaba fuera de Cantabria por motivos laborales, fue inicialmente descartado como sospechoso, y se eliminó la posibilidad de un delito de violencia de género ya que no había denuncias previas.

Medidas cautelares y proceso judicial

El Juzgado de Instrucción número 5 de Santander, que asumió funciones de guardia en el momento de los arrestos, acordó el internamiento en régimen cerrado del adolescente de 15 años por la presunta comisión de un delito de asesinato. Esta medida fue solicitada por la Fiscalía de Menores de Cantabria, que consideró que había indicios suficientes para proceder con el internamiento.

El joven fue ingresado en el Centro Socio-Educativo Juvenil de Parayas tras su detención y, al día siguiente, fue puesto a disposición de la Fiscalía de Menores. Allí fue examinado por un equipo técnico, que emitió un informe detallado sobre su situación. Posteriormente, la Fiscalía tomó declaración al menor y solicitó al Juzgado de Menores la adopción de una medida cautelar de internamiento.

El Juzgado de Guardia de Santander celebró una comparecencia con presencia del menor, y todas las partes implicadas coincidieron en la necesidad de la medida cautelar solicitada.

Situación del segundo hermano 

El hermano menor, de 13 años, también estaba involucrado en el caso pero es inimputable debido a su edad, que está por debajo de los 14 años requeridos para ser considerado penalmente responsable. Según la fiscalía, el menor fue ingresado en un centro de protección de menores.

La Ley de Responsabilidad Penal del Menor, establecida en el año 2000, regula la jurisdicción de menores en España. Esta ley creó los Juzgados de Menores, que se encargan de la instrucción de causas y de la adopción de medidas cautelares, garantizando el derecho a la protección y la reintegración de los menores implicados en delitos.

El rol del Juez de Menores

El Juez de Menores tiene un papel crucial en la legislación, actuando como un juez de garantías que interviene para asegurar que se respeten los derechos de los menores durante el proceso judicial. Su función es garantizar que cualquier medida que implique una limitación de derechos sea adoptada con la máxima cautela y de acuerdo con la ley.

Una vez finalizada la instrucción por parte de la Fiscalía, si procede el enjuiciamiento, será también el juez de Menores quien se encargue de juzgar el caso. La ley y el sistema judicial buscan equilibrar la justicia con la protección y rehabilitación de los menores.

Este trágico caso ha puesto en relieve la fragilidad de los conflictos familiares y el impacto devastador que pueden tener en los menores involucrados. La comunidad de Castro Urdiales y las autoridades están consternadas por la magnitud del crimen y la juventud de los implicados.

La prórroga del internamiento del adolescente de 15 años subraya la seriedad con la que el sistema judicial está tratando el caso, mientras se continúa con la investigación para esclarecer todos los detalles del suceso. La sociedad se enfrenta ahora a un desafío de reflexión sobre la manera en que se manejan las crisis familiares y el apoyo necesario para evitar tragedias similares en el futuro.

Este caso es un recordatorio de la importancia de intervenciones tempranas y de apoyo a las familias en conflicto, así como de la necesidad de sistemas judiciales que puedan abordar con sensibilidad y eficacia las situaciones de violencia familiar y la protección de menores.