Johannesburgo, 7 feb (EFE).- Las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia sudafricanos fracasaron en su labor de anticipar y responder a los graves disturbios que asolaron el país en julio pasado, según un informe encargado por la Presidencia de Suráfrica a un comité de expertos, que también responsabiliza al Ejecutivo.

La conclusión general del comité -formado por 66 miembros de diferentes áreas, desde las propias fuerzas de seguridad a grupos de la sociedad civil y académicos- es el "fracaso por parte de las estructuras de inteligencia" de anticipar y responder adecuadamente a la oleada de violencia, que dejó 354 muertos.

El informe también adjudica significativas responsabilidades al Gobierno.

"Es muy claro que los distintos líderes del Gobierno tenían diferentes interpretaciones de lo que estaba ocurriendo y eso resultó en una respuesta coordinada de manera deficiente, en varios niveles", señaló el comité.

"Las contradicciones internas dentro del CNA (Congreso Nacional Africano, el partido gobernante en Sudáfrica) están impactando negativamente en los asuntos de gobernanza y deben ser resueltas", agregó.

También la Policía, falta de medios, suspendió en su deber de contener el estallido.

"La Policía fracasó en frenar los disturbios y saqueos (...). Las razones de este fracaso son complejas y, a veces, no son responsabilidad suya. En algunas instancias, no recibieron ninguna (información de) inteligencia con la que planear las operaciones", precisa el texto.

La escasez de información y las carencias en cuanto al entrenamiento y equipamiento de los agentes para responder a situaciones de agitación social extrema llevaron a que la Policía, según el panel, se viera "sobrepasada" por el gran número de agitadores.

Por ello, los expertos recalcaron que Sudáfrica deberá fortalecer significativamente sus fuerzas de seguridad, a fin de ser capaz de prever y atajar esta clase de situaciones en el futuro.

"(Y) lo más importante de todo: el Gobierno, en todos los niveles, debe atender con seriedad los desafíos socioeconómicos a los que se enfrenta el país", recalca el informe, antes de hacer énfasis en que el Ejecutivo no está prestando "suficiente atención" a la "profunda frustración social" que genera este contexto.

La gran oleada de violencia que Sudáfrica vivió en julio de 2021 comenzó el día 9, inicialmente en forma de protestas en el este del país por el encarcelamiento del polémico expresidente Jacob Zuma (2009-2018) por un desacato judicial cometido al negarse repetidamente a declarar por corrupción.

En los siguientes días, los altercados se replicaron en otras zonas -especialmente en Johannesburgo- y degeneraron en una cascada de disturbios y pillaje masivo y sin precedentes para la democracia sudafricana.

El estallido de violencia se veía así alimentado por problemas sociales preexistentes, como la extrema desigualdad, el desempleo, los elevados niveles de criminalidad general en el país y el malestar por la pandemia de covid-19.

Solo a partir del 14 de julio las autoridades empezaron a retomar el control de las zonas afectadas, gracias en gran medida al despliegue de 25.000 soldados para apoyar a la sobrepasada Policía.

El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, afirmó en aquel momento que los incidentes fueron "instigados" y "hubo gente que los planeó y los coordinó", pero la Justicia no ha determinado aún grandes responsables intelectuales tras el estallido. EFE

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