Santander, 4 dic (EFE).- El PP de Cantabria ha presentado 48 enmiendas en educación por valor de 59 millones de euros al Presupuesto de Cantabria para 2022 con el objetivo de “poner en marcha un verdadero proyecto educativo de región”.

El diputado y portavoz de Educación del Grupo Popular, Álvaro Aguirre, ha asegurado que el área de Educación es "de las más enmendadas" de su grupo, porque, según ha criticado, "avanza en la educación a dos ritmos y no fija un horizonte de refuerzo de la Educación en Cantabria, sino en las elecciones de mayo de 2023", tal y como recoge el PP en un comunicado.

Y ha considera que las cuentas actuales, "son una carta a los Reyes Magos o más bien una plegaria al dios Sánchez", ya que en su opinión se ha pedido al Gobierno de España "mucho más de lo que sabe que va a recibir".

El PP ha pedido "que se cumpla el compromiso en infraestructuras pendientes", con un paquete de medidas más de 7 millones de euros, para infraestructuras, que según ha asegurado "llevan años esperando ejecución".

En concreto, según ha detallado Aguirre, se destinan a la construcción de un gimnasio en IES Dr. José Zapatero de Castro-Urdiales; construcción del gimnasio el CEIP Arenas de Escobedo de Camargo; sustitución de la cubierta del CEIP Las Dunas de Liencres; proyecto nuevo IES zona norte de Piélagos, que incluya la oferta de FP con la que hoy no cuenta el municipio; ampliación del IES Valle de Piélagos; proyecto de ampliación del IES San Miguel de Meruelo; ampliación del CEIP Marcial Solana de Villaescusa; ampliación del IES Lope de Vega de Santa María de Cayón; cubierta acceso a plantas superiores CEIP El Pedregal de Castro; y proyecto para Museo Escolar del CEIP Agapito Cagiga de Camargo.

Y pide un millón de euros más en la partida destinada a los salarios de funcionarios y estatutarios, que según Aguirre es "insuficiente" para afrontar las actualizaciones salariales y ha pedido la creación de un Coordinador de Bienestar y Protección del Alumnado en todos los centros donde cursen menores de edad.

Además, se propone aumentar en 400.000 euros los programas de gratuidad de libros de texto, acompañamiento en Primaria y Secundaria y atención en periodos no lectivos, mejorar con 150.000 euros la cuantía becas de transporte de los alumnos de FP y con 130.000 euros la partida de transporte escolar general, extendiéndolo a las etapas no obligatorias.

En opinión de Aguirre, los presupuestos de Educación para 2022 distinguen "entre estudiantes de primera y de segunda", por lo que su grupo ha registrado un paquete de enmiendas para aumentar conciertos educativos con centros privados, transporte y servicios de éstos por valor de 550.000 euros.

Se pide el diseño de un Plan Regional para la Erradicación del Acoso Escolar, dotado con 100.000 euros y un plan para la Reorientación de la FP y el Plan de Adaptación Educativa dotadas con 100.000 euros cada uno.

Los populares también demandan un aumento de las partidas de limpieza de los centros educativos de la región, de los gastos de funcionamiento de éstos, y de mejores útiles y maquinaria de los centros de Formación profesional.

Y se ha pedido que se incluyan partidas para el desarrollo del currículo educativo con base en la futura ley de víctimas del terrorismo; la adquisición de desfibriladores externos automáticos para los centros educativos; y el desarrollo de las medidas en el ámbito educativo que aparecen en el Plan de Empleo Joven, todas por un valor de 600.000 euros.

Completan las enmiendas del PP distintas peticiones destinadas al cumplimiento de la ley de igualdad y garantías de derechos de personas con discapacidad por valor de 300.000 euros, a lo que hay que añadir 150.000 euros para el Proyecto de Educación Inclusiva.

SERVICIO JURÍDICO

El PP también ha exigido a los grupos que sustentan la coalición de gobierno, PRC y PSOE, la retirada inmediata de la enmienda que han presentado a los Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) para 2022 para incrementar en 30.000 euros el sueldo del puesto de Director del Servicio Jurídico del Gobierno de Cantabria, pasando de cobrar más de 65.000 euros a casi 95.000 euros al año.

La diputada regional Isabel Urrutia ha explicado que regionalistas y socialistas articulan esta subida a través del incremento del complemento específico previsto ahora en 27.747 euros, que con la enmienda aumentan hasta los 55.185, como al Interventor General.

Y ha calificado de "indecente" esta propuesta, formulada vía enmienda a unas cuentas que regionalistas y socialistas han presentado hace poco más de un mes en el Parlamento de Cantabria. “Pretendían que nadie se enterara y que pasara desapercibido y por eso lo han presentado como enmienda al presupuesto”, ha dicho.

EFE

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