En un comunicado emitido hoy, Buruaga ha explicado que la ley de amnistía aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez como parte de los acuerdos con los independentistas "vulnera los principios de separación de poderes, seguridad jurídica e igualdad entre los españoles". Según la presidenta cántabra, esta ley representa un "misil en la línea de flotación" de la democracia española y supone un grave ataque al modelo de convivencia del país.

Buruaga ha subrayado que el recurso ante el Tribunal Constitucional no es solo una obligación jurídica, sino también una cuestión de "decencia democrática". "Como Gobierno de Cantabria, tenemos la obligación moral de actuar para defender el orden constitucional y el interés general", señaló.

La presidenta cántabra ha advertido que la ley de amnistía es solo el primer paso en una serie de concesiones peligrosas. "Primero fue la amnistía, ahora los privilegios económicos unilaterales, y lo siguiente será la autodeterminación", ha afirmado, insistiendo en que el Gobierno de Cantabria luchará contra estas medidas para proteger la igualdad de derechos y oportunidades de los ciudadanos cántabros.

La decisión de recusar a tres magistrados del Tribunal Constitucional, incluidos el presidente Cándido Conde Pumpido y los magistrados Juan Carlos Campo Moreno y Laura Díez Bueso, se enmarca en las preocupaciones del Ejecutivo cántabro sobre la imparcialidad del tribunal. Según Buruaga, los vínculos de estos magistrados con el Gobierno y con el PSOE ponen en duda su capacidad para garantizar un juicio justo sobre la ley de amnistía.

Finalmente, Buruaga ha reiterado que Cantabria no permitirá que se impongan privilegios a unos pocos en detrimento de la igualdad de todos los españoles. "Defenderemos hasta las últimas consecuencias la igualdad de trato y los derechos de los cántabros en una España constitucional de ciudadanos libres e iguales", concluyó la presidenta.