El consejero de Vivienda, Fomento, Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria, Roberto Media, ha informado que en la región existen más de 50.000 viviendas vacías que no se incorporan al mercado del alquiler, principalmente debido al temor de sus propietarios a la ocupación ilegal o ‘okupación’. Media ha asegurado que la razón de que estas viviendas permanezcan cerradas no es por falta de interés en obtener ingresos a través de su alquiler, sino porque los dueños tienen «miedo» a que sean ocupadas ilegalmente, una situación que ha descrito como preocupante.

Durante una rueda de prensa celebrada este jueves, Media fue preguntado sobre diversos temas relacionados con la vivienda, como la ocupación ilegal y los desahucios, a raíz de los últimos datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En su intervención, también abordó el auge de los pisos turísticos en Cantabria, un fenómeno que ha atribuido a la entrada en vigor de la legislación estatal en mayo de 2023, lo que ha disparado el número de viviendas destinadas a este uso en la región. El consejero mencionó que este incremento ha contribuido, en parte, a que muchas viviendas sigan sin estar disponibles en el mercado de alquiler residencial.

Media subrayó que reducir el miedo a la okupación es un reto importante, pero señaló que será complicado sin modificar la legislación nacional que regula esta situación. Además, hizo hincapié en que este temor no es infundado, ya que han ocurrido casos de okupación incluso en propiedades pertenecientes al propio Gobierno regional, lo que ha generado una mayor inquietud entre los ciudadanos. En algunos municipios de Cantabria, han surgido episodios aislados de ocupación que han provocado un «efecto llamada», agravando el problema. El consejero calificó la okupación como un «problema muy serio» que afecta tanto a particulares como a las administraciones públicas.

En este contexto, Media mencionó el Plan ‘Moviva’, una iniciativa lanzada por el anterior gobierno PRC-PSOE, que tenía como objetivo que el Ejecutivo regional gestionara viviendas privadas vacías, las pusiera en alquiler durante un periodo mínimo de siete años y luego las devolviera a sus propietarios. Sin embargo, el consejero reconoció que el plan no ha tenido el éxito esperado, ya que solo siete viviendas fueron alquiladas bajo este esquema. Según Media, la principal razón del fracaso de la iniciativa es que los propietarios no confiaban en que el Gobierno pudiera garantizar que sus viviendas no serían ocupadas ilegalmente mientras estuvieran en alquiler.

A pesar de estos resultados, Media señaló que el Partido Popular (PP) tiene la intención de retomar el Plan ‘Moviva’, ya que considera que es una «buena idea» que podría ser más efectiva si se hacen algunos ajustes para hacerlo más atractivo para los propietarios. Entre las posibles mejoras que el PP planea introducir, mencionó la inclusión de incentivos fiscales para animar a los ciudadanos a poner sus viviendas vacías en el mercado del alquiler. Asimismo, Media reiteró la importancia de seguir apostando por la construcción de más viviendas públicas y destacó que la reciente actualización del módulo de Vivienda de Protección Oficial (VPO) ha permitido que en tres promociones en Bezana se asignaran 48 viviendas a este régimen.

Además, Media adelantó que el Gobierno de Cantabria tiene previsto aumentar las ayudas al alquiler, elevando la subvención actual de 500 euros a 700 euros. El consejero explicó que esta medida responde a la dificultad creciente para encontrar viviendas de alquiler por menos de 500 euros en la región. Según sus declaraciones, este incremento en las ayudas se pondrá en marcha «en breve», antes de que finalice el año. En este sentido, Media afirmó que la decisión es parte de una estrategia más amplia para hacer frente a los problemas de acceso a la vivienda en Cantabria, y destacó que es fundamental no caer en la polarización política sobre este tema.

Por último, el consejero hizo una comparación entre la gestión actual y la de la anterior administración PRC-PSOE, resaltando que el PP ha comenzado a pagar ayudas al alquiler que llevaban más de un año pendientes de abono, y subrayó que el parque de viviendas públicas se duplicará en los próximos cuatro años. Media concluyó su intervención asegurando que las políticas que se están implementando en Cantabria van por buen camino, y que confía en que los resultados serán visibles a corto plazo.

Ayudas millonarias para mejorar la accesibilidad a edificios con ascensor

El Gobierno de Cantabria destinará 6,4 millones de euros de ayudas para mejorar la accesibilidad de viviendas de la región, sean unifamiliares o comunidades de vecinos, mediante la instalación de ascensores, rampas y otras medidas.
La cuantía, que puede ser ampliada en función de la demanda, figura en el decreto de concesión de estas subvenciones, aprobado este jueves en la reunión semanal del Ejecutivo y anunciado por el consejero del ramo, Roberto Media, en rueda de prensa. La previsión es que se publique en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) el próximo 16 de octubre, de modo que las personas interesadas puedan presentar sus solicitudes a partir del día siguiente.

Tanto las viviendas como los edificios que opten a estas ayudas deberán haber sido finalizados antes de 2006 y tendrán que constituir el domicilio habitual y permanente de alguno de los propietarios, usufructuarios o arrendatarios de las unifamiliares. Y en el caso de las comunidades de vecinos, al menos el 50% habrán de ser domicilio habitual y permanente.

Entre los requisitos figura disponer de licencia de obras municipal y del proyecto o documentación técnica exigible. En esta nueva convocatoria desaparece la fase de calificación en la que, previamente, la administración comprobaba que la actuación a subvencionar cumplía con la normativa. Ahora se sustituye por una declaración responsable en la que el solicitante o administrador de fincas declara que disponen de toda la documentación exigible.

También se han actualizado las cuantías subvencionables frente a convocatorias anteriores. Así, tanto en las viviendas unifamiliares como en comunidades de vecinos, las ayudas tendrán un límite del 40% del coste de la actuación, pero si reside una persona mayor de 65 años o con discapacidad, entonces se elevará al 50%. El montante máximo en las primeras ha pasado de 8.000 a 12.500 euros por vivienda, aunque se elevará a 15.000 si viven personas con discapacidad de hasta el 33%, y a 18.000 euros si dicha discapacidad es igual o superior a ese porcentaje.

En las comunidades de vecinos, la cuantía máxima subvencionable pasa de 8.000 a 9.000 euros por vivienda, y a 15.000 y 18.000 si habitan personas con discapacidad de hasta el 33% o igual o superior.

Las ayudas, «muy demandadas» por vecinos y el Colegio de Administradores de Fincas, se dirigen especialmente a la instalación de ascensores, pero también para colocar salva escaleras, rampas, automatismos para aperturas de puertas, o medidas que faciliten la autonomía y vida independiente de personas con movilidad reducida.

Se incluyen asimismo dispositivos adaptados a las necesidades de personas con discapacidad sensorial o intelectual o la instalación de elementos de información, comunicación o de aviso, como señales luminosas y visuales, vibrotáctiles o sonoras para orientarse en el uso de escaleras, ascensores y en el interior de las viviendas.

Serán subvencionables además la instalación de domótica y otros avances tecnológicos para favorecer la autonomía de personas mayores o con discapacidad, así como cualquier intervención que mejore los parámetros del código técnico de la edificación en su apartado de seguridad, de utilización y de accesibilidad.

El consejero también ha hecho referencia a la aprobación en Consejo de Gobierno, el pasado 3 de octubre, del plurianual que permitirá iniciar el trámite para conceder subvenciones a ayuntamientos y juntas vecinales destinadas a la financiación de obras de rehabilitación en edificios públicos. Ha destacado «un importante matiz» que se incorpora a esta nueva convocatoria en la que, dentro de las actuaciones subvencionables, se añaden, como novedad, aquellos proyectos que permitan rehabilitar una vivienda o un edificio público para destinarlo a vivienda pública.

En este caso, Media ha asegurado que «se premiará» a estas entidades locales con hasta 40 puntos y ha explicado que estas viviendas públicas se pondrán a disposición de Gesvicán para que sea la empresa pública la encargada de la gestión del alquiler «para liberar a ayuntamientos y juntas vecinales de la engorrosa gestión que puede suponer para estos entes».

Además, el consejero se ha referido al Plan Estatal de Ayudas para la Rehabilitación de Edificios y a la «deuda» de 28,3 millones de euros que la Consejería «se comprometió a hacer frente con fondos propios y no dejar a ningún cántabro en la estacada».

Tras aludir a los 10,3 millones que su departamento destinó a esta convocatoria de ayudas hace unos meses «rebajando esta deuda un 35%», ha anunciado la resolución de otros 95 expedientes pendientes por un importe de 3.652.899 euros.

Media también se ha referido al acuerdo por el que se ha aprobado, por importe de 3,4 millones, el decreto que regula la concesión directa de subvenciones para compensar el déficit en la prestación de los servicios públicos regulares de transporte de viajeros por carretera en 2023.