El Ministerio de Seguridad Social ha insistido en que la nueva normativa que obliga a los autónomos a cotizar por sus "ingresos reales" no implicará un aumento en la recaudación. Sin embargo, los datos iniciales muestran una realidad diferente, con más del 66% de los autónomos afectados por el cambio viendo incrementada su cuota.

El nuevo sistema de cotización de autónomos, implementado por el Ministerio de Seguridad Social bajo la dirección de José Luis Escrivá, ha dado un giro significativo a cómo estos trabajadores tributan. A partir de este año, más de 3,5 millones de autónomos están obligados a cotizar en función de sus ingresos reales, un cambio que muchos consideran un ataque a su autonomía, ya que hasta ahora podían elegir su base de cotización, siendo la mayoría de ellos optando por la mínima.

Durante meses, el Gobierno ha reiterado que este cambio sería "neutral" en términos de recaudación. La lógica detrás de esta afirmación sostenía que las subidas de cuotas para aquellos con ingresos superiores a 1.700 euros serían compensadas por la reducción de cotizaciones para los que ingresan menos. Sin embargo, Libre Mercado ha alertado desde el principio que el Ejecutivo probablemente no implementaría un cambio de esta magnitud sin la intención de aumentar la recaudación de los autónomos.

Un cambio que afecta más de lo previsto

Ya han comenzado a aparecer los primeros resultados de esta política, y la realidad parece contradecir la promesa de neutralidad. Según datos del Ministerio de Seguridad Social, aproximadamente 400.000 autónomos han ajustado su base de cotización al nuevo sistema, y de ellos, dos tercios han visto un aumento en sus cuotas. Esto indica que la medida, lejos de beneficiar a la mayoría, está perjudicando a más autónomos de los que se esperaba.

Con menos del 10% de los autónomos adaptándose al nuevo sistema, es difícil prever las consecuencias a largo plazo. La Seguridad Social comenzará a informar a los autónomos, a partir de noviembre, sobre si deberán pagar más o menos en sus cuotas, en un proceso de regularización que se extenderá hasta marzo de 2025. Este proceso se asemeja a una declaración de la renta, ya que Hacienda será responsable de cruzar los datos de ingresos de los autónomos con los de la Seguridad Social.