El Ministerio del Interior ha reportado un significativo aumento en la llegada de inmigrantes a Canarias durante los primeros siete meses de 2024, con un incremento del 160% en comparación con el año anterior. Hasta mediados de julio, 19.793 personas han arribado a las costas del archipiélago a bordo de 305 embarcaciones precarias, frente a las 7.590 llegadas en 2023. Estas cifras reflejan una grave crisis migratoria que afecta a la comunidad autónoma y pone en alerta la capacidad de acogida, especialmente en lo que respecta a los menores migrantes.

Actualmente, 6.000 menores migrantes dependen de la tutela del Gobierno autonómico, una cifra que triplica la capacidad de acogida de las islas. A pesar de una ligera disminución en los flujos migratorios desde las costas africanas en los últimos meses, se prevé que decenas de miles de personas puedan llegar al archipiélago, dado que unas 70.000 aguardan en territorio africano para emprender la ruta atlántica. Las autoridades anticipan que la mayoría de las llegadas se concentrarán hacia finales del verano, cuando las condiciones del mar son más propicias.

Si se cumplen las proyecciones, a finales de año podrían haber llegado de manera irregular a las islas alrededor de 90.000 inmigrantes, superando todos los registros previos. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha destacado las difíciles condiciones socioeconómicas en los países de origen, como Mauritania, para explicar el aumento en la llegada de inmigrantes a Canarias.

La crisis también afecta gravemente la situación de los menores migrantes, cuya acogida y distribución entre las comunidades autónomas se ha convertido en un desafío insostenible para Canarias. A pesar de los acuerdos alcanzados entre el Gobierno central y las regiones para el reparto voluntario de estos jóvenes, las cifras revelan que solo el 8,5% de los menores que necesita reubicar Canarias (4.000 en total) han sido aceptados por otras regiones hasta la fecha.

La reciente Conferencia Sectorial de Infancia y la propuesta de reforma de la ley de extranjería, destinada a establecer un sistema obligatorio de derivación de menores migrantes entre las regiones, no lograron avances significativos. La reunión, celebrada en Tenerife, apenas consiguió compromisos adicionales a los ya establecidos en un cupo anual insuficiente desde hace dos años.

El Partido Popular ha manifestado su oposición a la reforma de la ley de extranjería, lo que complica su aprobación en el Congreso de los Diputados. Las negociaciones con las comunidades autónomas gobernadas por el PP no han comenzado, a pesar de los intentos por establecer un sistema equitativo de distribución basado en criterios poblacionales, económicos y de capacidad de acogida.

En resumen, la crisis migratoria en Canarias se agrava, desafiando las capacidades de acogida y gestión de las autoridades locales y nacionales, mientras se busca una solución integral y colaborativa entre todas las partes involucradas.