Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y los socialistas catalanes (PSC) firmaron un preacuerdo para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. El texto, que se someterá este viernes a una consulta "vinculante" entre los 8.700 militantes de ERC, contiene un documento de 25 páginas que comienza con un preámbulo en el que ambas formaciones se consideran "herederas del catalanismo popular".

La cúpula de ERC ya ha publicado el texto íntegro del pacto, que pone énfasis en la financiación y en el impulso del catalán. En este contexto, el preacuerdo reconoce un "conflicto político entre Cataluña y el Estado", destacando las diferencias entre "el federalismo de izquierdas y el independentismo de izquierdas". No obstante, ambas sensibilidades se centran en los principios del catalanismo de raíz popular, como "nación, progreso y respeto a la voluntad popular". El objetivo declarado es "una Cataluña más justa, más próspera, más verde, más feminista y plenamente libre".

El preacuerdo establece que la solidaridad de Cataluña con el resto del Estado quedará "limitada" por el principio de ordinalidad en el próximo modelo de financiación catalana. Esto implica que las contribuciones de las comunidades autónomas por habitante deben mantener el mismo orden que en la escala de lo que reciben. El nuevo modelo de financiación se basará en la "negociación bilateral con el Estado", y permitirá al Govern gestionar, recaudar, liquidar e inspeccionar todos los impuestos, aumentando sustancialmente la capacidad normativa en coordinación con el Estado y la UE.

Para formalizar este nuevo modelo, se espera que el pacto se concrete durante el primer semestre de 2025 en la comisión bilateral entre el Gobierno y la Generalitat. El documento evita el término "concierto" y no detalla la cuota de solidaridad que correspondería a Cataluña.

Otro aspecto importante del preacuerdo es el fortalecimiento del uso social del catalán. Se compromete a crear un Departamento de Política Lingüística con un plan de acción transversal y aprobar el Pacto Nacional por la Lengua en los primeros 100 días del nuevo gobierno, dotándolo con 200 millones de euros. Además, se asegura el catalán como lengua vehicular en la educación y se insta a "establecer un calendario de capacitación del personal" en los centros sanitarios para garantizar la atención en catalán.

El documento también aboga por un plan para impulsar el catalán en el audiovisual y el entorno digital, y asegura que los comercios rotulen y atiendan en catalán. Asimismo, mantiene la red de pseudoembajadas catalanas y refuerza la acción exterior en América Latina, Asia y África, promoviendo la participación de Cataluña en organismos internacionales.

En el ámbito deportivo, el preacuerdo sostiene que el Govern continuará trabajando para el reconocimiento del deporte catalán en todos sus niveles, promoviendo la proyección internacional de las federaciones deportivas catalanas.

El texto también aborda el "conflicto político" y propone un nuevo referéndum para abordar "el reconocimiento nacional de Cataluña". Aunque no se usa la palabra "referéndum", se habla de la necesidad de refrendar los acuerdos fruto del diálogo y la negociación por la ciudadanía. En el primer pleno del nuevo gobierno catalán, se impulsará una Convención Nacional para la resolución del conflicto político, presidida por ERC y formada por representantes de los grupos parlamentarios.

Por último, el preacuerdo prevé "transformar" el Aeropuerto de Barcelona para mejorar las conexiones intercontinentales de largo radio, promoviendo la creación de un nuevo Consejo Rector Aeroportuario de Cataluña y una Autoritat Aeropòrtuaria de Catalunya para centralizar las competencias de la Generalitat relacionadas con esta actividad.