El Gobierno ha minimizado las críticas de Emiliano García-Page y Javier Lambán al acuerdo fiscal entre el PSC y ERC, destinado a la investidura de Salvador Illa como presidente de Cataluña. Pilar Alegría, portavoz del Ejecutivo, afirmó: "Son opiniones que ya las hemos leído en otros momentos y que además siempre vienen de estas dos mismas personas. No son compartidas".

García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, expresó su preocupación respecto al preacuerdo entre ERC y el PSC, que propone "un concierto económico solidario" en Cataluña, calificándolo como un "grave atentado a la igualdad". En un mensaje en la red social X, escribió: "A estas horas de la noche, el atronador silencio ante el grave atentado a la igualdad anunciado por ERC me tiene perplejo [...] O es un asentimiento intolerable, o un sentimiento de estupefacción como la que tenemos la inmensa mayoría de los españoles".

Javier Lambán, expresidente aragonés y actual secretario general del PSOE en Aragón, manifestó su rechazo al acuerdo, considerándolo "una quiebra brutal" de la igualdad entre los españoles. En la misma red social, Lambán escribió: "El independentismo consigue todos sus objetivos y el PSOE puede entregar España a cambio de la investidura de Salvador Illa. El acuerdo con ERC es una quiebra brutal de la igualdad entre todos los españoles. Como socialista, como demócrata y como español me resulta inadmisible".

Pilar Alegría defendió el acuerdo diciendo: "Es un triunfo del diálogo, del acuerdo, y queremos mostrar la satisfacción del Gobierno por lograr este acuerdo, que es una victoria de la política útil. Lo que tenemos sobre la mesa en estos momentos es un preacuerdo. Y quiero ser respetuosa con los tiempos y los procesos internos de otros partidos [en referencia a ERC, cuya militancia vota este viernes el contenido]".

El viernes, los militantes de ERC votarán sobre el pacto con el PSC, que incluye la salida progresiva del régimen de financiación común de las comunidades autónomas, medidas para proteger la lengua catalana, una convención para resolver el conflicto político con el Estado y la posibilidad de reconocer a las selecciones deportivas catalanas.

El acuerdo prevé que la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) recaude todos los impuestos generados en Cataluña, empezando por el IRPF del ejercicio 2025, a liquidarse en 2026. También se establecerá una cuota de solidaridad con el resto de territorios del Estado español, incluyendo una partida por los servicios prestados por el Estado en Cataluña.

Para implementar este nuevo sistema, similar al concierto de Navarra y el País Vasco, se requerirán modificaciones legislativas, como la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). Sin embargo, algunos socios del Gobierno en el Congreso, como el representante de Chunta, han expresado su negativa a apoyar esta propuesta. ERC ha invitado a Junts a unirse al acuerdo y a participar en las mayorías necesarias en el Congreso. También han descartado que el regreso del expresidente Carles Puigdemont influya en la consulta a las bases republicanas. El Gobierno no ha valorado la posibilidad de que Puigdemont regrese a España y sea detenido, considerándolo un tema secundario en el contexto del acuerdo.