Un nuevo escándalo sacude al Gobierno de Pedro Sánchez, esta vez involucrando a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en un presunto caso de amaño en concursos públicos destinados a la adjudicación de delegaciones comerciales de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (Selae). Según documentación obtenida en exclusiva por THE OBJECTIVE, los concursos para la gestión de delegaciones en Cuenca, Lugo, Zaragoza y Segovia habrían sido manipulados para favorecer a familiares de los titulares actuales de dichas delegaciones.

Selae, una empresa pública bajo la órbita del Ministerio de Hacienda, destina anualmente 25 millones de euros a la gestión de 52 delegaciones comerciales distribuidas en las provincias españolas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Estas delegaciones son responsables de gestionar los 10.900 puntos de venta de loterías en España.

Licencias amañadas: el caso de Cuenca

Uno de los casos más evidentes de presuntas irregularidades ocurrió en Cuenca, donde, según la documentación obtenida, el concurso público fue justificado por la supuesta jubilación del delegado comercial, quien había "superado los 70 años". Sin embargo, este dato es incorrecto, ya que el delegado, nacido en 1968, tenía entre 55 y 56 años en el momento de la licitación. A pesar de ello, la esposa del delegado fue adjudicada como la nueva delegada comercial y, según las fuentes, contrató a su propio marido para continuar trabajando en la delegación.

Además, el local propuesto para la delegación de Cuenca no cumplía con los requisitos mínimos exigidos en el pliego de condiciones, ya que la normativa establecía una superficie mínima de 100 metros cuadrados, mientras que el local presentado tenía solo 60 metros cuadrados, como confirmó este medio a través del catastro.

Otros casos en Lugo, Zaragoza y Segovia

La delegación de Lugo también presenta indicios de irregularidades. El concurso público fue publicado en julio de 2022, pero la evaluación de los candidatos se demoró hasta abril de 2023, incumpliendo los plazos legales establecidos para este tipo de licitaciones. Finalmente, el contrato fue adjudicado al hijo del delegado saliente, sin que se publicaran los criterios de valoración de los candidatos no seleccionados, lo que ha levantado sospechas sobre la falta de transparencia.

Situaciones similares se han registrado en Zaragoza y Segovia, donde los adjudicatarios fueron igualmente hijos de los delegados salientes. En ambos casos, la falta de publicación de la memoria justificativa y los criterios de valoración incrementan la percepción de opacidad en los procesos.

Nexo con la ministra Montero y el presidente de Selae

El presidente de Selae, Jesús Huerta, fue nombrado en 2018 por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con quien había trabajado previamente en la Junta de Andalucía. Huerta, que en 2020 percibía un salario de 223.146,65 euros anuales, ha estado al frente de la entidad pública durante las licitaciones ahora en entredicho. Las delegaciones comerciales gestionadas por Selae se consideran altamente lucrativas, debido a los importantes beneficios económicos que generan los contratos de siete años de duración, prorrogables por otros siete años, con una asignación presupuestaria total que puede alcanzar los 360 millones de euros en el caso de prórrogas.

Las adjudicaciones bajo sospecha han generado dudas sobre el funcionamiento interno de Selae y su dependencia directa del Ministerio de Hacienda, dirigido por Montero. Aunque los concursos públicos deberían estar abiertos a cualquier licitador que cumpla con los requisitos establecidos, el hecho de que estos puestos sigan siendo adjudicados a familiares de antiguos delegados ha despertado críticas sobre la falta de regulación estricta en los procesos de selección.

Querella presentada ante la Justicia

El abogado Antonio García-Berbel, en representación del sindicato Manos Limpias, ha presentado una querella ante los Juzgados de Plaza de Castilla en Madrid, denunciando las irregularidades en los concursos públicos de Selae. Según el informe de la agencia de investigación privada Detectivia, adjunto a la querella, se han encontrado evidencias que confirman las acusaciones, que incluyen la adjudicación arbitraria de contratos y el incumplimiento de los requisitos legales establecidos en los pliegos de condiciones.

Esta situación coloca a María Jesús Montero en una posición incómoda, ya que su cercanía con el presidente de Selae, Jesús Huerta, y el rol central de su ministerio en las licitaciones públicas añaden presión a las acusaciones de corrupción y tráfico de influencias. Fuentes cercanas a la investigación afirman que la Justicia ya está analizando el caso y que podrían surgir nuevas revelaciones en los próximos meses.