La negativa se ampara en el artículo 15 de la Ley de Transparencia y en el reglamento europeo sobre protección de datos personales, argumentando que Jesica R.G. no desempeñó un puesto de especial confianza ni de alto nivel jerárquico en la compañía, sino que ocupó un puesto de "nivel inferior" como auxiliar administrativo.

Contexto de la contratación de Jesica R.G.

Jesica R.G. trabajó en Ineco entre septiembre de 2019 y febrero de 2021, tiempo durante el cual acompañó a Ábalos en al menos diez viajes oficiales del ministerio y del PSOE. Su contratación ha levantado sospechas debido a que comenzó su relación con el exministro un año antes de ser oficialmente contratada.

Según la investigación, ya desde finales de 2018, Jesica R.G. acompañó a Ábalos en diversos viajes oficiales a ciudades como Gerona, Barcelona, Estrasburgo, Abu Dabi y Rusia, muchos de los cuales fueron costeados a título personal por el ministro.

En marzo de 2019, seis meses antes de formalizar su relación contractual con Ineco, Jesica R.G. recibió una dispensa laboral como "empleada de Ineco" para ausentarse de su puesto de trabajo durante tres días y acompañar a Ábalos a dos viajes oficiales a Estrasburgo y Baleares. El documento que justificaba esta ausencia fue firmado por Joseba García Izaguirre, hermano de Koldo García, asesor de confianza de Ábalos. Este detalle resulta polémico porque Jesica R.G. aún no había sido contratada por Ineco en ese momento. Según publica The Objective. 

El papel de Sergio Vázquez Torrón y la respuesta del Gobierno

El actual presidente de Ineco, Sergio Vázquez Torrón, fue un estrecho colaborador de Ábalos y ocupó varios cargos de confianza en el ministerio de Transportes durante su mandato. La documentación proporcionada por Joseba García Izaguirre, ex asesor de Ábalos, y las actuaciones de Jesica R.G. antes de su contratación oficial generan sospechas sobre posibles irregularidades o favoritismos en su contratación.

Sin embargo, el Gobierno insiste en que Jesica R.G. no ocupaba un puesto de especial confianza en Ineco que justificara revelar su salario, lo que, según la normativa, se aplicaría solo a cargos de asesor o de libre designación. Esta postura contrasta con las revelaciones del documento enviado por Joseba García Izaguirre a la Dirección General de Seguridad, Procesos y Sistemas Corporativos de Adif en marzo de 2019, que evidencia una relación contractual inexistente en esas fechas.

Transparencia y cuestionamientos éticos

El caso ha generado debate sobre la transparencia y el posible uso indebido de recursos públicos. Aunque el Gobierno ha recurrido a la normativa de protección de datos personales para justificar su negativa a proporcionar detalles salariales, las circunstancias alrededor de la contratación de Jesica R.G., así como su participación en múltiples viajes oficiales antes de su relación formal con Ineco, plantean serias dudas éticas. Además, se cuestiona la coherencia de esta decisión con el compromiso declarado de transparencia y buen gobierno.