En un movimiento que ha levantado ampollas en el panorama político y empresarial español, se ha revelado que Wakalua, subsidiaria del grupo Globalia, propietaria de Air Europa, acordó en enero de 2020 un patrocinio por valor de 40.000 euros con el Africa Center, dirigido por Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Este acuerdo, que ha salido a la luz gracias a informaciones de El Confidencial y confirmaciones de El Debate, estaba destinado a financiar dos becas dentro de la fundación, pero quedó parcialmente en suspenso debido a la pandemia, materializándose solo en el desembolso de 1.716,53 euros para un viaje a Londres.

La relación entre la primera dama y Air Europa, especialmente en un año donde la aerolínea fue objeto de un rescate gubernamental de 475 millones de euros por parte de la SEPI, ha puesto en duda la imparcialidad de las decisiones del Ejecutivo. El contrato de patrocinio incluía, aparte de las becas, gastos para la organización de eventos y cobertura de vuelos, aunque la ejecución real del acuerdo fue mínima debido al impacto de la COVID-19.

La polémica no solo se centra en el acuerdo en sí, sino también en el contexto en el que se produjo. En octubre de 2020, el Gobierno español aprobó el rescate de Air Europa, sumida en una profunda crisis a causa de la pandemia. Esta situación ha llevado al Partido Popular a solicitar la inhabilitación de Pedro Sánchez por no abstenerse en la decisión del rescate, dada la vinculación económica de su esposa con el grupo turístico.

A pesar de las afirmaciones de Globalia de que el rescate se realizó conforme a la legalidad y que ya se ha iniciado la devolución de parte de las ayudas, el caso ha generado una profunda controversia. La implicación del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, en el proceso de rescate añade otra capa de complejidad al asunto, especialmente teniendo en cuenta su papel en otras polémicas recientes del PSOE.

La situación plantea serias preguntas sobre la ética y la transparencia en la gestión de los recursos públicos, especialmente cuando se entrelazan los intereses privados con las decisiones gubernamentales. La comunidad política y la opinión pública aguardan con interés las conclusiones de la Oficina de Conflictos de Intereses y la posible repercusión judicial del caso.