Entre los investigados está el abogado de la institución, Francisco Alejandro Mendoza, cuya familia ha ocupado múltiples puestos de trabajo dentro de la administración provincial. Estas revelaciones, junto con otras irregularidades, han generado un fuerte malestar entre trabajadores y sindicatos.

La Diputación de Badajoz, ya inmersa en varias investigaciones por irregularidades en la contratación pública, vuelve a estar bajo el escrutinio judicial y público por un nuevo escándalo de nepotismo que afecta a figuras de alto perfil en el PSOE extremeño. Este caso involucra al abogado de la Diputación, Francisco Alejandro Mendoza, y a numerosos miembros de su familia, quienes han sido contratados en distintos departamentos de la institución, según ha revelado una investigación llevada a cabo por THE OBJECTIVE.

El nombre de Mendoza no es ajeno a la controversia. Francisco Alejandro Mendoza ha ocupado varios cargos de responsabilidad en la Diputación y fue, hasta hace poco, el abogado defensor del presidente de la institución, Miguel Ángel Gallardo, quien se enfrenta a una investigación por presuntos delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias. No obstante, Mendoza ha decidido dar un paso atrás en esta defensa, cediendo el caso a Juan José Torres Ventosa, abogado del Estado. Esta decisión ha sido interpretada como un intento de evitar un posible conflicto de intereses, dado que Mendoza también es miembro de la Ejecutiva del PSOE en Extremadura y mantiene estrechos vínculos con los altos cargos del partido.

Una familia bien conectada en la Diputación

Lo que más ha llamado la atención de este caso es la amplia red de familiares de Mendoza que trabajan en la Diputación de Badajoz, en diferentes áreas y con salarios elevados. Entre ellos se encuentra su esposa, María Manuela Rojas Gálvez, quien ocupa el puesto de jefa del Servicio de Gestión Administrativa y Asuntos Generales del Consorcio de Servicios Medioambientales, conocido como Consorcio Promedio, que depende directamente de la Diputación. Además, un familiar directo de Rojas y la madre de la pareja de su hijo también han sido contratados en el mismo organismo.

El propio hijo de Francisco Alejandro Mendoza ha sido objeto de críticas. En 2015, comenzó a trabajar como técnico medio de Asesoramiento Económico en la Diputación y, en 2021, obtuvo una plaza de funcionario. A pesar de su rango, ha conseguido un puesto de mayor responsabilidad como Jefe de Servicio de Publicaciones e Imprentas, con un sueldo anual que ronda los 72.000 euros. Estos movimientos internos han levantado sospechas y quejas entre los empleados de la institución y los sindicatos, quienes consideran que las promociones de la familia Mendoza dentro de la Diputación se deben más a sus conexiones políticas que a su mérito profesional.

Un patrón de contratos familiares

El caso de Mendoza no es único. Según los documentos a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la Diputación de Badajoz ha sido escenario de una cadena de contrataciones y promociones de familiares de altos cargos del PSOE que se asemejan a un patrón de nepotismo. La esposa de Francisco Alejandro Mendoza, como ya se ha mencionado, trabaja en el Consorcio Promedio, pero también se ha descubierto que la pareja de su hijo, Ana Filipa Filipe Domingues, ocupa un puesto como técnico medio de Gestión Administrativa. Este empleo está siendo recurrido en los tribunales por otra aspirante, Alicia Pastor Porro, quien alega que hubo irregularidades en el proceso de selección que favorecieron a Domingues. La nota inicial de esta última en el tercer ejercicio del examen era un suspenso, pero según testigos, fue modificada tras la intervención de varios miembros del tribunal, lo que le permitió obtener la plaza.

Por si fuera poco, la madre de Domingues, de origen portugués, también ha sido contratada como auxiliar de Administración General en el mismo consorcio en el que trabaja la esposa de Mendoza. La falta de dominio del español por parte de la madre de Domingues ha suscitado dudas sobre cómo pudo aprobar el temario exigido, que incluye temas como la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Extremadura. Estas contrataciones han generado una fuerte indignación entre los trabajadores de la Diputación, quienes consideran que los procesos selectivos están manipulados para beneficiar a los familiares de los dirigentes socialistas.

Una investigación en marcha

Las sospechas de nepotismo y tráfico de influencias en la Diputación de Badajoz no son nuevas. Desde hace tiempo, se investiga la contratación del hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en esta misma institución. Este caso, que ya está siendo escrutado por el Juzgado de Instrucción número tres de Badajoz, ha puesto en entredicho la gestión de la Diputación y ha provocado que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil intervenga en la investigación, interceptando correos electrónicos que podrían contener pruebas de irregularidades en las contrataciones.

Las conexiones familiares entre los investigados y los altos cargos del PSOE han incrementado las sospechas de que se trata de una práctica extendida dentro de la administración provincial. De hecho, Francisco Alejandro Mendoza no es el único miembro de su familia con vínculos directos con la política. Él mismo ha sido concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Badajoz y es actualmente secretario general de Organización de la Comisión Ejecutiva Municipal del PSOE en la ciudad. Su estrecha relación con el portavoz del grupo municipal socialista y vicepresidente de la Diputación, Ricardo Cabezas, ha aumentado las sospechas de que la Diputación de Badajoz se ha convertido en un feudo de poder para las familias socialistas.