El magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha dictado hoy una resolución en la que se declara inaplicable la amnistía al delito de malversación en la causa del procés. En la misma resolución, Llarena ha decidido mantener las órdenes de detención por la presunta implicación de Puigdemont y sus ex consellers en la malversación de fondos públicos.

La Sala de lo Penal del Alto Tribunal, presidida por Manuel Marchena e integrada por los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Andrés Palomo y Ana Ferrer, ha coincidido con el criterio de Llarena. La Sala ha declarado que la Ley de Amnistía no cubre el delito de malversación para Puigdemont, Comín y Puig, al igual que para otros condenados como Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa.

El tribunal ha argumentado que los acusados obtuvieron un beneficio personal de carácter patrimonial, lo que excluye la posibilidad de amnistía. La jueza Ferrer ha emitido un voto particular discrepante, apoyando la idea de plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, argumentando que la Ley podría estar en conflicto con el derecho comunitario.

Tanto el instructor del 1-O como la Sala de lo Penal han coincidido con el criterio defendido por los fiscales del procés, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno, Fidel Cadena y Javier Zaragoza, rechazando la tesis jurídica impuesta por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

En el auto de Llarena, el magistrado explica que el legislador ha introducido limitaciones que afectan al delito de malversación, prohibiendo la amnistía en aquellos casos donde ha existido un propósito de enriquecimiento personal o cuando el delito afecta a los intereses financieros de la Unión Europea. Llarena recalca que los comportamientos atribuidos a Puigdemont y a sus ex consellers demuestran que tenían la disponibilidad de fondos públicos y los utilizaron para financiar el referéndum ilegal de independencia de Cataluña, lo que constituye un beneficio personal.

El auto subraya que el concepto de beneficio debe entenderse como cualquier aprovechamiento, rendimiento o ventaja. En este caso, el juez considera que el provecho obtenido fue radicalmente personal para los procesados. Fueron ellos, y no terceros, quienes impulsaron el referéndum y endosaron sus gastos a la Administración autonómica, sin responder a ningún interés público.

La resolución también analiza la exclusión que establece la Ley de Amnistía, que prohíbe amnistiar actos de malversación que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea. Aunque hasta ahora no se ha acreditado que los fondos utilizados procedieran de la UE, la nueva relevancia jurídica de este dato justifica la investigación sobre el origen de los fondos malversados.

El tribunal concluye que los líderes del procés obtuvieron un beneficio personal de carácter patrimonial, ya que utilizaron fondos públicos para sus fines políticos, evitando así disminuir su propio patrimonio. Esta excepción a la amnistía, según la Sala, no puede ser aplicada a otros ciudadanos condenados por delitos similares, subrayando la dificultad de conciliar el esfuerzo de la Unión Europea por eliminar la impunidad para los malversadores con la voluntad del legislador español de dispensar un tratamiento excepcional a ciertos responsables políticos.

En resumen, la decisión del Supremo refuerza la idea de que no se puede amnistiar a los implicados en la malversación de fondos públicos, reafirmando la importancia de la responsabilidad penal y la integridad financiera.