La Fiscalía ha solicitado la concesión de un nuevo indulto para el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, exonerando su condena de inhabilitación, vigente hasta 2031. Esta solicitud llega después de que el Tribunal Supremo haya rechazado aplicarle la amnistía al delito de malversación, lo que deja a Junqueras y otros líderes independentistas en una situación legal diferente a la de aquellos que podrían beneficiarse de la ley de amnistía.

Según un informe de la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María de los Ángeles Sánchez Conde, al que ha tenido acceso la agencia EFE, la Fiscalía considera que el indulto es pertinente dada la situación actual, y que seguir aplicando la inhabilitación sería excesivo. La solicitud de indulto fue presentada el pasado 12 de julio por un ciudadano catalán ante el Ministerio de Justicia, que trasladó el informe al Supremo para su valoración.

En el documento, Sánchez Conde expone que otros implicados en el proceso independentista catalán podrían ver extinguida su responsabilidad penal sin haber sido enjuiciados, debido a la aplicación de la ley de amnistía. En este contexto, la fiscal argumenta que mantener la condena de inhabilitación a Junqueras, quien ya ha sido juzgado y ha cumplido una parte significativa de su condena, es desproporcionado.

El caso de Junqueras y los otros líderes del 'procés'

La Fiscalía recuerda que la condena de Junqueras ha tenido un impacto significativo en la sociedad catalana, al haber sido uno de los principales hitos en la gestión judicial del procés. Junqueras fue condenado por los delitos de sedición y malversación en el marco de los eventos que culminaron en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la posterior declaración unilateral de independencia de Cataluña.

La teniente fiscal subraya que la condena de Junqueras ha contribuido a una "profunda convulsión en la sociedad catalana", y cita la exposición de motivos de la ley de amnistía, que justifica esta medida como un paso necesario para superar las tensiones generadas por el proceso independentista. No obstante, señala que, a pesar de que Junqueras ha cumplido una parte sustancial de su pena, otros actores del procés que aún no han sido juzgados podrían beneficiarse de la amnistía, lo que genera una situación paradójica.

Incongruencias en la aplicación de la amnistía

La Fiscalía no entiende por qué Junqueras no puede ser amnistiado mientras que la ley podría aplicarse a aquellos que ni siquiera han sido juzgados o condenados. Según Sánchez Conde, esta situación genera una disparidad en el tratamiento judicial de los implicados en el procés, ya que algunos de ellos podrían quedar exonerados sin haber cumplido ninguna pena, mientras que Junqueras continúa inhabilitado para ejercer cargos públicos hasta 2031.

Esta solicitud de indulto no solo incluye a Junqueras, sino también a los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, que se encuentran en las mismas circunstancias que el líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Al igual que Junqueras, estos exdirigentes fueron condenados por su papel en el referéndum de 2017 y han cumplido parte de sus penas.

Un segundo indulto tras el de 2021

En 2021, el Gobierno de Pedro Sánchez ya concedió un indulto parcial a los líderes independentistas condenados por el procés. Ese indulto afectó a las penas de prisión, permitiendo su excarcelación, pero mantuvo las penas de inhabilitación absoluta que les impiden ejercer cargos públicos. Ahora, la Fiscalía aboga por un nuevo indulto que elimine esta inhabilitación.

Esta solicitud se produce en un momento clave, ya que el Tribunal Supremo rechazó recientemente la amnistía para los condenados por malversación en el contexto del procés, lo que ha dejado a Junqueras y otros en una posición delicada, sin la posibilidad de beneficiarse de la medida de gracia prevista por el Gobierno para otros implicados.

Reacción del Supremo ante la amnistía

El Tribunal Supremo ha sido tajante al confirmar que no aplicará la amnistía a Junqueras y a otros líderes del procés condenados por malversación, argumentando que la gravedad del delito impide la aplicación de esta medida. En un auto reciente, el Supremo sostuvo que la malversación agravada, como la cometida por Junqueras y otros, no puede beneficiarse de una amnistía que, según el tribunal, solo sería aplicable en casos de menor relevancia o cuando los delitos no impliquen un perjuicio económico para las arcas públicas.

Ante esta negativa del Supremo, la Fiscalía considera que el indulto se presenta como una alternativa adecuada para resolver la situación de Junqueras y los demás condenados, dado que ya han cumplido una parte considerable de sus penas y que su inhabilitación hasta 2031 parece excesiva en las circunstancias actuales.

La solicitud de indulto planteada en julio, y ahora respaldada por la Fiscalía, refleja el complejo equilibrio que el Gobierno de Sánchez debe mantener entre su política de distensión con el independentismo catalán y las decisiones judiciales que, como la del Tribunal Supremo, complican la aplicación de medidas de gracia como la amnistía en casos de malversación. La resolución de este segundo indulto determinará, en gran medida, el futuro político de Oriol Junqueras y de otros líderes del procés.