Los problemas en Granja Poch no son nuevos. Desde 2016, la Comunidad de Propietarios ha presentado una serie de instancias y requerimientos al Ayuntamiento de Torrelavega, exigiendo el cumplimiento de la sentencia 391/2012 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº2 de Santander. Esta sentencia establece claramente que el mantenimiento, conservación y reparación de la urbanización corresponden al Ayuntamiento, que debe adoptar las medidas de reparación necesarias para evitar daños a los usuarios o a terceros.

En una muestra más de la desidia administrativa que caracteriza a los órganos de poder en Torrelavega, la urbanización Granja Poch sigue sufriendo un abandono flagrante. Los vecinos han visto cómo el espacio que cedieron al Ayuntamiento para su mantenimiento y conservación se ha deteriorado hasta límites insospechados, poniendo en peligro la seguridad de los ciudadanos y afectando gravemente la calidad de vida en la zona. A pesar de los múltiples requerimientos y una sentencia judicial firme en 2016, el Ayuntamiento de Torrelavega ha hecho caso omiso, sumiendo a los residentes en una batalla interminable contra la burocracia y el silencio administrativo.

La Comunidad de Propietarios de Granja Poch, un complejo residencial que alberga a cientos de vecinos, decidió en su momento ceder al Ayuntamiento la plaza interior y los jardines de la urbanización para su mantenimiento. Sin embargo, la realidad ha sido muy diferente a lo esperado. Los vecinos se quejan de que, desde la cesión, el Ayuntamiento no ha llevado a cabo las labores de mantenimiento necesarias, dejando que el área se deteriore peligrosamente.

Jardines descuidados, imbornales atascados, hierros oxidados en los respiraderos de la estación de autobuses situada en la zona, y focos de luz inexistentes en escaleras clave son solo algunos de los problemas que los vecinos han denunciado repetidamente. A esto se suma el estado deplorable del asfalto y las grietas provocadas por el paso continuo de autobuses, que no solo afectan la estructura del edificio, sino que generan ruido y vibraciones constantes, haciendo la vida insostenible para los vecinos de los portales 12, 13 y 14.

Una Sentencia Ignorada

La sentencia 391/2012 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº2 de Santander fue clara: el mantenimiento, conservación y reparación de la plaza de la Granja Poch corresponde al Ayuntamiento de Torrelavega. La resolución instaba al consistorio a adoptar medidas inmediatas para reparar los elementos deteriorados y evitar daños a los usuarios o terceros. Sin embargo, a pesar de esta sentencia, el Ayuntamiento ha ignorado sistemáticamente sus obligaciones, dejando a los vecinos en una situación de absoluta indefensión.

Desde la administración de la comunidad de propietarios, se han presentado múltiples instancias al Ayuntamiento exigiendo el cumplimiento de sus responsabilidades. En estos documentos, se solicita el rellenado de los jardines, la reparación de los imbornales y de los respiraderos, la limpieza de las hierbas que han invadido la plaza, y la instalación de focos de luz para mejorar la seguridad. También se requiere la reparación del asfalto y las grietas en la estación de autobuses, así como la solución a las filtraciones de agua en los garajes privativos.

Silencio Administrativo

A pesar de que estas peticiones se han realizado de manera formal y en cumplimiento de la sentencia judicial, el Ayuntamiento ha mantenido un silencio administrativo alarmante. No ha habido respuesta a las instancias presentadas, lo que ha llevado a la comunidad a plantearse nuevas acciones legales para obligar al consistorio a cumplir con sus obligaciones.

El silencio administrativo es una herramienta que, lamentablemente, se ha convertido en la norma en Torrelavega. Los vecinos han intentado contactar con el Ayuntamiento en repetidas ocasiones, incluso llamando directamente al concejal responsable, pero no han recibido ninguna respuesta satisfactoria. La frustración y el enfado entre los residentes de Granja Poch crece cada día que pasa, y con razón. El abandono por parte de las autoridades locales es evidente, y la falta de transparencia en el manejo de este caso es inaceptable.

Los Responsables

El alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, (PRC), y su concejal de Desarrollo Local, Jesús Sánchez, son los principales responsables de esta situación. A pesar de estar al tanto de las quejas de los vecinos y de tener una sentencia judicial que los obliga a actuar, ambos han elegido ignorar sus responsabilidades y dejar que la situación se deteriore aún más. El abandono por parte de las autoridades locales no solo afecta a la calidad de vida de los vecinos, sino que también pone en riesgo la seguridad de todos los que transitan por la zona. El concejal Jesús Sánchez, encargado de la comisión de desarrollo local, es el principal responsable de tramitar y ejecutar el mantenimiento de la urbanización. Sin embargo, su gestión ha sido ineficaz y negligente, permitiendo que los problemas se agraven con el tiempo. La falta de acción por parte del concejal y del alcalde ha llevado a los vecinos a desconfiar completamente de la administración local.

El Camino Judicial como Último Recurso

Ante la falta de respuestas y la inacción por parte del Ayuntamiento, la comunidad de propietarios de Granja Poch se ha visto obligada a considerar nuevas acciones judiciales. A través de sus administradores, han advertido al Ayuntamiento que, si no se atienden sus requerimientos en un plazo de 15 días, se procederá a reclamar judicialmente los daños y perjuicios ocasionados por la falta de mantenimiento.

Este nuevo litigio no solo supondría un coste adicional para ambas partes, sino que también prolongaría el calvario que los vecinos han estado viviendo durante años. El Ayuntamiento, por su parte, parece dispuesto a arriesgarse a una nueva derrota judicial, demostrando una vez más su desconexión con las necesidades reales de los ciudadanos de Torrelavega.

Una Ciudad que Merece Más

El abandono de la urbanización Granja Poch es un símbolo del deterioro que sufre Torrelavega bajo la gestión actual. Los vecinos han sido ignorados, las sentencias judiciales han sido desobedecidas, y el Ayuntamiento ha optado por el silencio y la inacción. Esta situación no solo afecta a los residentes de Granja Poch, sino que socava la confianza de todos los ciudadanos en su administración local.

Es hora de que el Ayuntamiento de Torrelavega asuma su responsabilidad y cumpla con sus obligaciones legales. Los vecinos de Granja Poch merecen vivir en un entorno seguro y bien mantenido, y es el deber del consistorio garantizar que así sea. El silencio y la inacción no son opciones; la justicia y el respeto a los derechos de los ciudadanos deben prevalecer. El estado deplorable de la Granja Poch no solo es un desprestigio para la ciudad, sino que también tiene consecuencias reales en la vida diaria de sus habitantes. Las vibraciones y ruidos constantes debido al mal estado del pavimento afectan la salud y el bienestar de los vecinos, mientras que las filtraciones en los garajes ponen en riesgo sus propiedades. Además, el riesgo de accidentes debido a los hierros oxidados y la falta de iluminación es una preocupación constante.

Si el Ayuntamiento de Torrelavega continúa haciendo oídos sordos a las demandas de los vecinos, no solo estará incumpliendo con sus obligaciones legales, sino que también estará poniendo en peligro la seguridad de todos los que transitan por la urbanización. Es hora de que se tomen medidas, antes de que sea demasiado tarde. 

Una larga batalla legal y administrativa

Los problemas en Granja Poch no son nuevos. Desde 2016, la Comunidad de Propietarios ha presentado una serie de instancias y requerimientos al Ayuntamiento de Torrelavega, exigiendo el cumplimiento de la sentencia 391/2012 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº2 de Santander. Esta sentencia establece claramente que el mantenimiento, conservación y reparación de la urbanización corresponden al Ayuntamiento, que debe adoptar las medidas de reparación necesarias para evitar daños a los usuarios o a terceros.

16 de julio de 2007: Se presentó la primera instancia en la que se requería al Ayuntamiento que cumpliera con sus obligaciones de mantenimiento de la plaza y los jardines de Granja Poch. Este documento fue ignorado por completo.

11 de diciembre de 2012: La sentencia 391/2012 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº2 de Santander, que obligaba al Ayuntamiento a mantener la urbanización en buen estado, fue dictada. Sin embargo, esta sentencia no fue acatada por el consistorio.

17 de junio de 2023: A lo largo de los años, la comunidad ha seguido presentando instancias. La más reciente, fechada el 17 de junio de 2023, reclama que el Ayuntamiento se haga cargo de la impermeabilización de la plaza y la reparación de las filtraciones en los garajes y trasteros, además de otros problemas derivados del deterioro de las instalaciones​.

22 de agosto de 2023: En una instancia adicional, se reiteran las demandas de reparación y mantenimiento y se adjuntan fotografías que documentan el deterioro continuo de la urbanización. Los vecinos denuncian grietas, charcos persistentes, y respiraderos oxidados que ponen en peligro a los transeúntes​.

21 de febrero de 2024: La más reciente instancia muestra la frustración creciente de los residentes. Se advierte al Ayuntamiento que, de no cumplir con sus obligaciones, la comunidad tomará acciones legales adicionales para forzar la reparación de los daños y el cumplimiento de la sentencia​. El deterioro progresivo de la urbanización Granja Poch ha generado un escenario preocupante. Los jardines, que en su día fueron un espacio de esparcimiento, ahora presentan zonas áridas donde la lámina impermeabilizante sale a la superficie, exponiéndola al desgaste y causando filtraciones en los garajes subterráneos. Los imbornales, sin un mantenimiento adecuado, están atascados, lo que provoca charcos y estancamientos que incrementan el riesgo de filtraciones.

Por otro lado, los respiraderos oxidados, que son la salida de gases de la estación de autobuses, se han convertido en una trampa peligrosa para los transeúntes, especialmente para los más pequeños y los ancianos. Las grietas en el asfalto y las vibraciones provocadas por el tránsito constante de autobuses están afectando la estructura del edificio y generando molestias graves a los vecinos de los portales 12, 13 y 14 de la comunidad.