El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) ha declarado irregular el sistema de indemnización por despido improcedente en España. Según la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), esta decisión del CEDS no es de obligatorio cumplimiento para España, aunque podría derivar en una recomendación para modificar la normativa vigente.

En un comunicado, Fedea especifica que esta resolución "no es por el momento jurisprudencia vinculante para los jueces españoles", quienes deberán continuar aplicando la indemnización tasada vigente en los despidos improcedentes. La decisión del CEDS, emitida esta semana, señala que el sistema español fija un techo prácticamente insuperable para las indemnizaciones, habiéndose superado solo en una ocasión por decisión judicial. Esta situación constituye, según el CEDS, una violación del artículo 24 de la Carta Social Europea.

La cuestión ha sido trasladada a un grupo de trabajo del Comité de Ministros del Consejo de Europa, que probablemente emitirá una recomendación a España en unos meses para que el país se alinee con la Carta Social Europea. En su nota, Fedea insiste en que, aunque la recomendación podría sugerir cambios normativos, no tendría carácter obligatorio.

Fedea también indica que la implementación de esta decisión del CEDS dependerá de futuras decisiones del Tribunal Supremo (TS) y del Gobierno. El TS podría permitir a los jueces españoles establecer indemnizaciones adicionales en casos de despido improcedente, mientras que el Gobierno podría promover una reforma del sistema de despido en línea con los criterios del CEDS. Se recuerda, además, que existe un acuerdo dentro de la coalición PSOE-Sumar para modificar la normativa de despido, aunque Fedea considera que su alcance es "estrictamente político".