El tiempo de espera excesivo ha causado que, en los últimos tres años, más de 4.000 personas recibieran la aprobación de su prestación tras su fallecimiento. Este retraso sistemático en la tramitación de ayudas vitales ha generado gran indignación entre afectados y asociaciones.

La tardanza en la resolución de expedientes de dependencia es una problemática cada vez más grave en España, tal y como denuncian diversas asociaciones de apoyo y los propios afectados. Según datos del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, el tiempo medio para la resolución de un expediente es de 324 días. Este retraso no solo es alarmante sino trágico, ya que muchas personas fallecen antes de recibir una respuesta de la administración. En los últimos tres años, se ha confirmado que 4.373 personas recibieron la aprobación de su prestación de dependencia después de su muerte.

La información proporcionada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 revela que en 2023, 1.267 personas recibieron la resolución del Programa Individual de Atención (PIA) tras fallecer, mientras que en 2022 fueron 1.217 y en 2021 1.889. Estos datos fueron facilitados a THE OBJECTIVE mediante una consulta realizada a través del Portal de Transparencia.

Un ejemplo reciente de este problema se hizo viral en la red social X (anteriormente Twitter), donde un usuario compartió el testimonio de haber recibido la aprobación de la prestación por dependencia de su madre dos meses después de su fallecimiento, tras una espera de casi tres años. Este testimonio generó una ola de reacciones y retuits, con muchas personas compartiendo experiencias similares y denunciando la ineficiencia del sistema.

Entre las comunidades autónomas, Andalucía destaca con los peores datos. En 2023, 313 personas recibieron la resolución del PIA después de fallecer, comparado con 271 en 2022 y 346 en 2021. Castilla y León, la Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana también presentan cifras preocupantes. En Cataluña, por otro lado, se observa una reducción drástica, con solo 7 casos en 2023 después de haber tenido 658 casos en 2021.

El problema no solo afecta a los afectados directos sino también a sus familias. Una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha establecido que los herederos de personas en situación de dependencia fallecidas sin la aprobación del PIA tienen derecho a que esta se concluya y a recuperar los gastos adelantados. Este fallo representa un avance significativo en la jurisprudencia sobre los derechos de los herederos y la responsabilidad de la administración en la tramitación de los expedientes.

A pesar de los esfuerzos del Gobierno para reducir la lista de espera, los datos más recientes indican que, al final de 2023, había 204.755 personas pendientes de resolución. Solo unas pocas regiones, como Ceuta, Castilla y León y País Vasco, cumplen con el límite legal de 180 días para resolver expedientes. En contraste, Canarias es la región que más tarda en dar respuesta, con 647 días de media, seguida de Andalucía y Murcia con tiempos de 557 y 509 días, respectivamente.

Esta situación evidencia una crisis persistente en el sistema de atención a la dependencia, con implicaciones graves para la calidad de vida y la dignidad de los ciudadanos que dependen de estas prestaciones. El debate sobre la eficiencia y justicia en la administración de estas ayudas es más relevante que nunca.