El Partido Popular solicitó el «expediente completo» del rescate a principios de 2021, denunciando la falta de claridad en el proceso. Posteriormente, se presentó una petición formal en el Portal de Transparencia para acceder a la resolución del Consejo Gestor del Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), los detalles de la ayuda y las condiciones impuestas a Air Europa. Sin embargo, tanto el Ministerio de Hacienda como la SEPI han bloqueado sistemáticamente estas solicitudes, alegando confidencialidad y protección de intereses comerciales.

A pesar de las resoluciones del Consejo de Transparencia que ordenan la entrega de parte de la información, el Gobierno sigue defendiendo su negativa basándose en dos argumentos principales:

1. La confidencialidad derivada de un real decreto aprobado durante la pandemia de la COVID-19, que establece que los datos gestionados por el Fondo de Rescate son reservados.
2. La protección de intereses comerciales de Air Europa, que incluye evitar la divulgación de su plan de viabilidad y acuerdos estratégicos.

El Consejo de Transparencia ha refutado estos argumentos parcialmente, señalando que aunque algunos aspectos comerciales deben mantenerse en reserva, el Gobierno no ha justificado suficientemente por qué los detalles del rescate, que involucra fondos públicos, deben permanecer ocultos.

El proceso se ha complicado aún más con las revelaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que ha encontrado indicios de que el empresario Víctor de Aldama, vinculado a tramas de corrupción, y el exministro de Transportes José Luis Ábalos habrían jugado un papel clave en la concesión del rescate. Según este informe, Aldama y Ábalos habrían presionado a la SEPI para acelerar el proceso, a instancias del dueño de Air Europa, José Hidalgo, debido a la precaria situación financiera de la aerolínea.

Las conversaciones intervenidas por la UCO sugieren que Aldama utilizó su relación con Ábalos para facilitar la concesión del rescate, un proceso que se llevó a cabo rápidamente y que otorgó condiciones muy favorables a la aerolínea. El rescate a Air Europa fue el más elevado y el primero en concederse, pese a las dudas sobre la solvencia de la empresa, que ya enfrentaba problemas financieros antes de la pandemia.

Otro aspecto de la controversia es que, a pesar de que la SEPI alega que se protegieron intereses comerciales, Transparencia ha insistido en que existe un interés público elevado en conocer los detalles del rescate, dado que involucra el uso de fondos públicos para salvar a una empresa privada. Sin embargo, el Gobierno ha optado por recurrir las resoluciones de Transparencia ante la Audiencia Nacional, prolongando el proceso y retrasando la divulgación de la información.

En resumen, el rescate de Air Europa sigue siendo objeto de escrutinio público debido a la falta de transparencia y las posibles irregularidades en el proceso. Las recientes revelaciones sobre las presiones ejercidas por figuras clave del Gobierno y empresarios vinculados a tramas de corrupción añaden nuevas capas de complejidad al caso, que sigue sin resolverse y cuya información crítica continúa oculta a pesar de las reiteradas demandas de transparencia.