El Tribunal Supremo ha tomado una decisión sin precedentes en la historia judicial española: imputar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos. La Sala Segunda ha acordado por unanimidad la apertura de una causa por la filtración de datos reservados relacionados con Alberto González Amador, empresario y pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Según fuentes jurídicas, la revelación de esos datos estaría vinculada a un acuerdo de conformidad que González Amador estaba negociando con la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid.

La investigación no solo afecta a García Ortiz. También está implicada Pilar Rodríguez Fernández, la fiscal jefa provincial de Madrid, que supuestamente envió la información al fiscal general. Aunque ella no es aforada, el Supremo ha decidido que ambos casos son inseparables y deben ser tratados conjuntamente, lo que impide la apertura de causas por separado.

La decisión unánime de la Sala Segunda

La Sala Segunda del Tribunal Supremo, presidida por el magistrado Manuel Marchena, e integrada por Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Susana Polo (ponente), y Carmen Lamela, ha sido clara en su resolución. El tribunal designó al magistrado Ángel Luis Hurtado como instructor de la causa. La decisión fue tomada por unanimidad, un hecho que refuerza la gravedad de los cargos que se imputan al fiscal general.

El foco de la investigación es si la conducta atribuida a García Ortiz puede ser subsumida en el artículo 417 del Código Penal, que castiga a aquellos funcionarios públicos que revelen secretos o información confidencial obtenida en el ejercicio de su cargo. Los magistrados han señalado que el primer requisito del delito, ser un funcionario público con acceso a información reservada, se cumple en este caso.

Los polémicos mensajes de WhatsApp

La situación de García Ortiz se complica aún más con la aparición de mensajes de WhatsApp que mantuvo con Almudena Lastra, la fiscal superior de Madrid. En estos mensajes, desvelados por El Mundo, el fiscal general daba órdenes directas a Lastra para que se publicara una nota informativa sobre el acuerdo de conformidad que estaba negociando el novio de Ayuso. El contenido del mensaje es revelador: “Si dejamos pasar el momento nos van a ganar el relato. Es imperativo sacarla”, escribió García Ortiz, refiriéndose a la nota de prensa.

Este comunicado, que salió bajo el encabezado “Fiscalía Provincial de Madrid”, explicaba en detalle el acuerdo que estaba negociando el empresario Alberto González Amador, imputado por fraude fiscal y falsedad documental. Según la información, el encabezado habitual de las notas de prensa de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid fue modificado tras discrepancias entre el fiscal general y Lastra.

El impacto en la Abogacía

La publicación de dicha nota de prensa fue duramente criticada por el Colegio de la Abogacía de Madrid, que consideró que la revelación de esos detalles afectaba al derecho de defensa de un ciudadano privado, en este caso, el novio de la presidenta madrileña. Este organismo no tardó en querellarse contra García Ortiz por revelación de secretos, lo que ha desembocado en la situación actual.

Un caso sin precedentes en la historia judicial española

La imputación de un fiscal general del Estado es algo que no tiene precedentes en la historia reciente de España. Este caso se une a una serie de investigaciones y polémicas que han salpicado al Gobierno en los últimos meses, generando una fuerte presión mediática y política.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo subraya en su auto que la revelación de información reservada por parte de un funcionario público es un hecho grave y que debe investigarse en profundidad para determinar si hubo un abuso de poder o una intencionalidad detrás de dicha filtración.

¿Y ahora qué?

El proceso judicial seguirá su curso con la instrucción del magistrado Ángel Luis Hurtado. Se investigará tanto la actuación del fiscal general como la de la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández. Ambos podrían enfrentarse a duras sanciones si se confirma que violaron el secreto profesional y los deberes de confidencialidad a los que están obligados por su cargo.

Este caso, además de afectar la reputación del Ministerio Fiscal, también podría tener implicaciones políticas. El Partido Popular, en particular, ha sido muy crítico con la gestión de García Ortiz y la Fiscalía General del Estado, y es probable que utilice esta imputación como un arma política en los próximos debates parlamentarios.

El caso ya ha generado una ola de reacciones entre los principales partidos de la oposición, quienes exigen explicaciones y mayor transparencia en las actuaciones del Ministerio Fiscal. Entretanto, García Ortiz sigue en su cargo, pero su futuro judicial y profesional está, sin duda, en entredicho.