El Gobierno de Cantabria, a través de su Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, ha presentado a la CEOE-CEPYME el anteproyecto de Ley de Simplificación Administrativa, una normativa que, según el presidente de la patronal, Enrique Conde, representa “el mejor intento en los últimos 20 años de modernizar y hacer más competitiva Cantabria”. Durante la reunión celebrada con los órganos de dirección de la confederación empresarial, Conde expresó su apoyo al texto y resaltó su importancia para mejorar el clima de inversiones y fomentar el empleo, al calificarlo como un enfoque «valiente y completo».

Conde explicó que la nueva ley busca reducir la complejidad burocrática, una de las principales barreras para el desarrollo económico de la región. «El Gobierno regional ha tomado medidas necesarias para actualizar y simplificar las normativas, lo cual es fundamental para el progreso de Cantabria», señaló. Además, el presidente de la CEOE valoró positivamente el diálogo mantenido con la Consejería, resaltando que el texto recoge las principales demandas de los empresarios cántabros, como la agilización de trámites administrativos.

En su intervención, Isabel Urrutia, consejera de Simplificación Administrativa, destacó que la normativa es vital para la competitividad y el futuro económico de la región. Urrutia instó a los empresarios a convertirse en «aliados» del Gobierno y apoyar la pronta aprobación de esta ley, que, en su opinión, permitirá a Cantabria convertirse en una de las comunidades autónomas con menor burocracia. La consejera enfatizó que la ley transformará la relación entre la administración pública y las empresas, facilitando la inversión y generando empleo.

La CEOE considera que es el mayor intento de modernización en 20 años

Durante su presentación, Urrutia subrayó que la ley es fruto del diálogo y la colaboración con diferentes sectores de la sociedad, incluidos los alcaldes de los municipios de Cantabria. La consejera señaló que la norma aplicará tanto en la administración autonómica como en los ayuntamientos, con el objetivo de mejorar la eficiencia y simplificar los trámites administrativos a todos los niveles.

Entre las medidas más destacadas de la ley se encuentra la creación de un marco de tramitación preferente para proyectos estratégicos y la implementación de la declaración responsable, que permitirá a las empresas iniciar actividades sin necesidad de esperar largas autorizaciones. Urrutia también hizo hincapié en que, aunque la ley reducirá los tiempos de tramitación, se mantendrán los mismos requisitos legales y se añadirá un régimen sancionador para asegurar el cumplimiento de las normativas.

Entorno propicio para las inversiones

Conde, por su parte, reafirmó que los empresarios no buscan una ley perfecta, sino una que facilite un cambio en la relación con la administración, promoviendo mayor simplicidad y cercanía. Destacó que la ley propuesta no solo ayudará a solucionar los problemas de la burocracia, sino que también creará un entorno más propicio para las inversiones. «Es imprescindible para la modernización de nuestro tejido productivo», concluyó.

Además, Conde expresó su esperanza de que el texto final sea fiel a la versión inicial presentada por la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, y remarcó que la colaboración entre empresarios y Gobierno ha sido clave para enriquecer el proyecto. Para Conde, uno de los mayores logros de esta normativa es el resultado del diálogo constante entre las instituciones y el sector privado.

Finalmente, Urrutia aseguró que el Gobierno prevé aprobar el proyecto de ley a comienzos de octubre, tras el cierre del periodo de alegaciones el 17 de septiembre, para remitirlo al Parlamento. Subrayó que la ley no solo mejorará la gestión pública, sino que fortalecerá el desarrollo económico y social de la región.