El Gobierno ha admitido en privado que el "concierto catalán" es prácticamente imposible de implementar y que no se llevará a cabo. Esta declaración interna refleja una creciente preocupación dentro del Ejecutivo sobre la viabilidad del compromiso pactado con ERC en relación con el sistema de financiación especial para Cataluña. Este acuerdo, que se enmarcó en la investidura de Salvador Illa en la Generalitat, ha elevado las expectativas de los independentistas catalanes, generando una presión significativa sobre el Gobierno y sus líderes, que están ahora tratando de manejar las implicaciones políticas de su incumplimiento.

Fuentes gubernamentales consultadas por THE OBJECTIVE han confirmado que el pacto no se puede cumplir debido a que el sistema de financiación propuesto implicaría ceder la gestión de los tributos, lo cual representaría aproximadamente el 20% del PIB, en contraste con el 6% de los sistemas de cupo y concierto aplicados en el País Vasco y Navarra. Esta diferencia provocaría una quiebra del sistema de solidaridad interterritorial del Estado, algo que el Gobierno ha evitado considerar como una opción viable.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se vio obligada a interrumpir sus vacaciones para pedir "tranquilidad" a los barones críticos y asegurar que la "financiación singular" para Cataluña sería beneficiosa no solo para esta comunidad, sino también para otras regiones como Andalucía. Montero trató de desactivar las críticas, afirmando que la financiación no sería un "agravio" para ningún territorio.

A pesar de las reiteradas afirmaciones de la ministra portavoz, Pilar Alegría, de que el acuerdo con ERC se ajusta a un concepto de "financiación singular" y no a un "concierto fiscal", el Gobierno en privado admite que esta medida es más bien un "señuelo" para ganar tiempo y tratar de salvar la investidura de Illa en Cataluña, mientras se enfrentan a un callejón sin salida en Madrid.

El Gobierno está adoptando una estrategia de desviación de la atención al centrar el foco mediático en otros temas como el debate migratorio y la "insolidaridad" del PP con la inmigración, para evitar que el debate territorial les cause un deterioro político mayor. La idea es manejar la presión republicana mientras avanzan discretamente en las negociaciones presupuestarias y preparan la presentación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2025, a pesar de las dificultades para conseguir los apoyos necesarios.

Pilar Alegría ha prometido que los presupuestos se presentarán "en tiempo y forma", aunque algunos miembros del Ejecutivo reconocen que no hay suficientes apoyos para aprobarlos y que podrían seguir el camino de Rajoy o Ayuso, gobernando con decretos. El ministro de Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha subrayado que el Gobierno presentará unos PGE para resolver los problemas de la gente, y ha lanzado un desafío a los grupos parlamentarios para que decidan si apoyan estos presupuestos o si siguen en su línea.