La Plataforma Salvar Torrelavega, respaldada por el despacho jurídico DVUELTA, ha presentado una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) contra el Ayuntamiento de Torrelavega, gobernado por el PSOE y el PRC, donde Javier López Estrada es el alcalde. El motivo de la demanda es la reciente delimitación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en la ciudad, una medida que, según la plataforma, es arbitraria y está plagada de irregularidades técnicas y legales.

La demanda, presentada en los plazos legales, ha sido admitida a trámite, lo que supone, en palabras de Ángel Herreros, portavoz de la plataforma, "un espaldarazo a los argumentos jurídicos esgrimidos". Entre los principales puntos de la impugnación se subraya que la medida afecta de manera desproporcionada a los derechos de los ciudadanos, sin presentar una justificación clara sobre su impacto en la mejora de la calidad del aire.

Una medida sin respaldo técnico ni jurídico

El origen de la controversia se remonta a la aprobación definitiva, el pasado 5 de marzo, del Estudio y Propuesta de Delimitación de la ZBE, elaborado por la empresa Diseño Organización y Movilidad, S.L. (DOYMO), e incluido en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Torrelavega. Sin embargo, según los expertos jurídicos de DVUELTA, dicho acuerdo fue adoptado sin el respaldo técnico y jurídico necesario, lo que compromete su validez legal.

Herreros ha destacado que "la falta de empatía del consistorio ha sido manifiesta desde el principio", criticando la actitud del Ayuntamiento, al que acusa de hacer oídos sordos a las propuestas presentadas por la plataforma para una delimitación de la ZBE "menos lesiva" para los sectores económicos más afectados, como comerciantes, hosteleros y autónomos.

Además, la plataforma recalca que esta medida afecta no solo a los ciudadanos de Torrelavega, sino también a los más de 200.000 habitantes de Cantabria que dependen de la ciudad para realizar sus compras y acceder a servicios y ocio.

Un paso obligado hacia los tribunales

Para Herreros, la presentación de esta demanda era un "paso necesario y obligado", motivado por el "desprecio" mostrado por el Ayuntamiento hacia las peticiones de la plataforma. A su juicio, la ZBE implementada en Torrelavega es "de carácter recaudatorio", diseñada principalmente para imponer "multas cuantiosas" a quienes accedan a la zona restringida.

La demanda busca la nulidad de pleno derecho del acuerdo municipal, instando a que la ZBE sea replanteada bajo un marco más riguroso y conforme a la legalidad vigente.

Impacto en los derechos ciudadanos

Uno de los puntos más graves que señala la demanda es que la delimitación de la ZBE se ha llevado a cabo de forma arbitraria, vulnerando el principio de proporcionalidad. La plataforma argumenta que no se ha realizado un análisis riguroso que justifique las restricciones impuestas a la circulación de personas y vehículos, una limitación que consideran innecesaria, dado el bajo nivel de emisiones contaminantes en la ciudad.

Además, se recalca que la justificación técnica en términos de mejora de la calidad del aire es insuficiente y está basada en datos incompletos, lo que pone en duda la proporcionalidad de la medida.

Un precedente legal: Madrid y Gijón

Este no es el primer enfrentamiento de DVUELTA contra las Zonas de Bajas Emisiones en España. La firma ya logró la anulación de Madrid Central, una de las ZBE más conocidas del país, tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en julio de 2020, que fue ratificada por el Tribunal Supremo en abril de 2021. Además, la misma firma consiguió tumbar la ZBE del Ayuntamiento de Gijón, con una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en febrero de 2023.

Con estos precedentes, la plataforma confía en que la demanda presentada ante el TSJC logre el mismo resultado, declarando nula la ZBE de Torrelavega.

Las irregularidades denunciadas

El equipo jurídico que ha redactado la demanda ha señalado diversas irregularidades técnicas y legales que comprometen la validez de la ZBE. Entre ellas destacan:

1. Ausencia de Supervisión Técnica Competente: El informe económico y presupuestario que acompaña al proyecto no cuenta con la debida autorización por parte de órganos administrativos competentes, como el Interventor Municipal. Esta falta de supervisión compromete la validez de las consideraciones económico-financieras del informe.

2. Falta de Cualificación del Autor del Informe: El informe carece de información sobre la identidad y cualificación de su autor, lo que cuestiona su fiabilidad. El equipo redactor no incluye ningún profesional con cualificación en materia económica, lo que debilita la legitimidad de sus conclusiones.

3. Deficiencias en la Evaluación del Impacto Económico: El informe sobre el impacto en el mercado y la competencia presenta serias deficiencias y suposiciones no fundamentadas, sin intervención de técnicos cualificados. Esto compromete la legalidad de la delimitación.

4. Falta de Justificación sobre la Contaminación: La norma no presenta motivación suficiente en cuanto a la mejora de la calidad del aire y la contaminación acústica. Los propios informes reconocen que Torrelavega no presenta niveles altos de contaminación, lo que cuestiona la necesidad de la medida.

Reacciones de la sociedad civil

Desde la Plataforma Salvar Torrelavega, se ha señalado que la imposición de la ZBE afecta gravemente a la movilidad y la economía local, y que no se ha dado suficiente participación ciudadana en la toma de decisiones. Colectivos de comerciantes, hosteleros y autónomos han mostrado su apoyo a la demanda y su preocupación por las consecuencias que la ZBE pueda tener en sus actividades.

El portavoz de la plataforma, Ángel Herreros, ha reiterado que la lucha no es solo por la nulidad de la ZBE, sino por defender los derechos de los ciudadanos y garantizar que las decisiones municipales se adopten de forma transparente y con la debida fundamentación técnica y jurídica.