Este fallo les condena por un delito de prevaricación administrativa, al haberse comprobado que entre los años 2003 y 2009 se fraccionaron contratos de manera irregular. Este caso, que ha estado bajo investigación y procedimientos judiciales durante casi dos décadas, concluye con la aceptación de la inhabilitación por parte de los condenados, lo que supone el fin de un largo y complejo proceso judicial que ha sido objeto de gran atención pública y mediática.

La investigación sobre estos hechos comenzó a raíz de una denuncia presentada por Leoncio Calle Pila, en ese entonces representante de Falange en el Ayuntamiento de Santoña. Calle Pila alegó que durante la gestión de Puerto Gallego se habían cometido una serie de irregularidades administrativas, específicamente en la adjudicación de contratos municipales, los cuales fueron presuntamente fraccionados con el fin de eludir los procedimientos de control y fiscalización establecidos por la ley. Esta denuncia fue posteriormente respaldada por el Partido Popular, quien se sumó a la acusación particular, exigiendo para todos los imputados penas de inhabilitación que oscilaban entre ocho y nueve años. El fiscal del caso también coincidió en la gravedad de los hechos, calificando la prevaricación como «clarísima» y solicitando una pena de ocho años de inhabilitación para todos los implicados, incluyendo a la exalcaldesa y sus concejales.

Durante el juicio oral, que se celebró hace más de dos años y medio en el salón de actos del complejo judicial de Las Salesas, se presentaron diversas pruebas documentales y testimoniales que intentaban esclarecer los hechos. La acusación central se basaba en la aprobación sucesiva de facturas por servicios y suministros prestados por cuatro empresas diferentes. Estas facturas fueron emitidas de forma continua durante el periodo en cuestión, y se constató que los pagos se realizaban a pesar de los reparos manifestados por el interventor municipal. El interventor había señalado repetidamente la ilegalidad de estas operaciones, pero sus advertencias no fueron atendidas ni se levantaron las observaciones, lo que llevó a que las Juntas de Gobierno aprobaran estos pagos de forma sistemática y unánime.

Uno de los puntos más controvertidos del caso fue el hecho de que los contratos fueron fraccionados deliberadamente para evitar la necesidad de convocar un concurso público, lo cual es un requisito legal para contrataciones que superan ciertos umbrales económicos. La estrategia de fraccionamiento permitía que las adjudicaciones se realizaran de forma directa, eludiendo así los controles de transparencia y competencia que conllevan los procedimientos de licitación pública. Este modus operandi fue considerado por los tribunales como una actuación «antijurídica y punible», y se estableció que quedó «plenamente acreditado» que los acusados incurrieron en una conducta ilegal y arbitraria.

El tribunal también tomó en cuenta la atenuante de dilaciones indebidas muy cualificadas, dado que el proceso judicial se prolongó de manera excepcional. Desde las primeras denuncias hasta la conclusión del caso, transcurrieron casi veinte años. Esto se debió a múltiples factores, incluyendo la complejidad del caso, la gran cantidad de documentación involucrada (más de seis mil folios) y la extensa instrucción que se llevó a cabo. A pesar de estas circunstancias, la jueza encargada del caso subrayó que la gravedad de los actos cometidos justificaba la imposición de penas de inhabilitación para todos los involucrados. La sentencia de la Audiencia Provincial, emitida a mediados de junio, desestimó los recursos presentados por los abogados defensores de los nueve procesados. Estos recursos buscaban la absolución de sus clientes o, en su defecto, una reducción de las penas impuestas. En su fallo, el tribunal reafirmó la validez de las pruebas presentadas y la solidez del caso contra los acusados. Además, la sentencia hizo hincapié en la naturaleza continuada de los actos de fraccionamiento de contratos, que se llevaron a cabo con pleno conocimiento de su ilegalidad.

Un elemento adicional que complicó el caso fue la incorporación de nueva documentación y testimonios en una fase avanzada del proceso. En particular, se admitió el testimonio de Sergio Abascal, también exregidor socialista de Santoña, quien declaró a instancias de uno de los abogados defensores. Inicialmente, estas pruebas adicionales habían sido denegadas, pero el tribunal de apelación decidió finalmente incluirlas en el expediente. No obstante, estas nuevas pruebas no modificaron sustancialmente el panorama del caso, ya que el tribunal consideró que la culpabilidad de los acusados estaba suficientemente demostrada.

Aceptación de penas. La decisión de los condenados de no recurrir la sentencia supone la aceptación de las penas impuestas y el cierre definitivo de un largo y complicado capítulo judicial. Para Puerto Gallego, la inhabilitación de cinco años implica una imposibilidad temporal de ocupar cargos públicos en la administración local, lo que representa un duro golpe para su carrera política. De igual manera, los ocho concejales enfrentan una inhabilitación de cuatro años, que les impide ejercer roles de regidor, teniente de alcalde o cualquier otro cargo electivo en el ámbito municipal.

Este caso ha tenido una gran repercusión en la opinión pública, no solo por la gravedad de los delitos imputados, sino también por la dilación y complejidad del proceso judicial. La resolución final, que confirma las penas de inhabilitación, ha sido vista por muchos como un cierre necesario para un escándalo que ha manchado la gestión política de Santoña durante casi dos décadas. Aunque el fallo judicial pone fin al proceso, las consecuencias políticas y personales para los implicados perdurarán, reflejando el impacto de la corrupción y la mala gestión en la vida pública.

La finalización de este proceso judicial subraya la importancia de la transparencia y la legalidad en la administración pública. La inhabilitación de estos funcionarios es un recordatorio de que los actos de corrupción no quedan impunes y que las instituciones judiciales están comprometidas con la defensa del estado de derecho. La espera de justicia, aunque prolongada, finalmente ha llegado a su término, estableciendo un precedente importante para futuros casos de irregularidades administrativas.

El caso de Puerto Gallego y los ocho concejales socialistas de Santoña es un ejemplo emblemático de cómo las acciones ilegales y arbitrarias pueden tener consecuencias duraderas para quienes ocupan cargos de poder. La sentencia final, con la imposición de penas de inhabilitación, cierra un capítulo doloroso en la historia política de la región, pero también marca un paso importante hacia la restauración de la confianza pública en las instituciones.