La consultora tecnológica Innova Next obtuvo el proyecto de la aceleradora de startups TrenLab en noviembre de 2022, desbancando a Telefónica y otras grandes empresas. Renfe ha ocultado la mayor parte de la información relativa al contrato que Juan Carlos Barrabés, socio de Begoña Gómez en su máster de la Universidad Complutense, se adjudicó en noviembre de 2022 a través de su consultora tecnológica Innova Next. Esta empresa es una de las protagonistas en el caso de presunta corrupción que salpica a la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Barrabés arrebató a Telefónica la gestión de la aceleradora de startups TrenLab, lanzada por la empresa ferroviaria en 2018. Durante cuatro años, el proyecto fue comandado por Wayra, el hub de innovación de la multinacional de telecomunicaciones. Ahora en manos de Innova Next, la aceleradora tiene como objetivo crear soluciones tecnológicas con startups para mejorar la experiencia del viajero.

El empresario aragonés también logró superar en esta licitación a Seidor y a McKinsey & Company, que pretendían hacerse con el atractivo proyecto valorado en dos millones (sin IVA). Barrabés ha conseguido importantes contratos con diversos organismos dependientes del Gobierno, la mayoría entre 2021 y 2022, después de que Gómez y Barrabés colaborasen en el máster de la Complutense.

Opacidad en el contrato Los escasos datos que facilita la Plataforma de Contratación analizados por THE OBJECTIVE muestran que Innova Next se hizo con el pliego, vigente al menos hasta noviembre, gracias a su oferta económica. Finalmente, se adjudicó el contrato a Barrabés por algo más de 1,6 millones (sin IVA). Este convenio tiene la posibilidad de dos prórrogas hasta completar 24 meses más.

El contrato no muestra detalles de los pliegos técnicos ni administrativos y tampoco facilita el nombre de las empresas licitadoras. Se señalaba que los candidatos invitados a presentar ofertas podían acceder a determinados documentos. No aparecen las puntuaciones en la parte técnica ni las vinculadas a juicios de valor. En el anuncio de adjudicación, los criterios subjetivos tenían un valor de 40 puntos, mientras que los evaluables con fórmulas, 20, y los criterios económicos, otros 40.

Las excusas de Renfe Ante la opacidad de Renfe sobre este contrato, uno de los 99 valorados en 25 millones que logró Barrabés, THE OBJECTIVE acudió a Transparencia. Renfe siguió denegando el acceso a buena parte de la información alegando que afectaba a los intereses de diversas compañías. La empresa pública tardó dos meses y medio en responder y basó la demora en «una costosa labor de expurgo, anonimización y depuración de un expediente de contratación que contiene una gran cantidad de documentos».

Renfe determinó que tras estos arduos trabajos de depuración «realizados para disminuir el riesgo de eventuales acciones legales de los en su día licitadores, el resultado debería ser sometido a nuevo trámite de audiencia». Además, añadió que estas labores «consumirían notables recursos de esta entidad que debían dedicarse a la prestación de servicios».

McKinsey & Company aseguró que el expediente de contratación contenía secretos comerciales que debían ser protegidos, lo mismo que argumentó Telefónica. Seidor también se opuso e Innova Next sostuvo que debía limitarse el acceso al contrato «para proteger sus intereses comerciales y que el expediente incluía datos personales».

Otros contratos en el foco Hay otras licitaciones adjudicadas a Barrabés, además de la de Renfe, que están bajo la lupa por irregularidades. Entre estas cabe mencionar uno del Consejo Superior de Deportes (CSD) de 3,6 millones de euros. En diversas actas del órgano de asistencia de esta licitación se señala que se incumplió el plazo de presentación de ofertas legal. El proceso se cerró en 13 días, cuando la ley obliga a un mínimo de 15, evitando que concurriesen más competidores.

El CSD optó por la vía de urgencia en este contrato por un supuesto interés público. La adjudicación, que superó los 10 millones de euros, se dividió en dos lotes. El segundo se encargó a Juan Carlos Barrabés, el empresario que avaló Begoña Gómez con varias cartas de recomendación. El contrato está siendo analizado por la Fiscalía Europea, ya que estuvo financiado con fondos comunitarios del programa Next Generation.

En otro contrato del Ministerio de Trabajo, la empresa de Barrabés arrasó en la valoración de los criterios subjetivos y fue la elegida pese a presentar una oferta un 40% más cara que algunos de sus rivales. Mientras, la Universidad Rey Juan Carlos fabricó un concurso ad hoc para dar cuatro millones a Barrabés. Un negocio que se fraguó tras la recepción de 12 millones de euros de fondos europeos de la Asociación del Deporte Español (Adesp) para la formación de capacidades digitales a 6,000 alumnos en el marco del plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.